El Gobierno central ha aprobado esta semana el primer traspaso masivo de activos de la Sareb —el conocido como banco malo— a la nueva empresa estatal de vivienda. En total, más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos han sido transferidos a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), con el objetivo de aumentar el parque público de alquiler a precios asequibles. Sin embargo, Canarias apenas aparece en el reparto: solo 750 viviendas están localizadas en el Archipiélago, una cifra que representa en torno al 1,8 % del total nacional.

De ese total, apenas el 17 % se sitúan en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, lo que equivale a unas 128 viviendas. El resto se reparte por otros municipios del Archipiélago, siempre que cumplan con los criterios técnicos, urbanísticos y demográficos establecidos por el Ministerio de Vivienda. Se trata de una distribución que deja a las dos principales ciudades canarias prácticamente fuera del foco del plan estatal.

Presencia residual

La selección de inmuebles se ha realizado bajo criterios establecidos por el Ejecutivo central. Se han priorizado aquellos municipios con más de 5.000 habitantes o que hayan experimentado un crecimiento poblacional superior al 5 % en la última década. Además, las viviendas deben encontrarse libres de ocupaciones, contar con condiciones adecuadas de habitabilidad y no presentar patologías estructurales.

Con estas condiciones, comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía concentran el grueso de los activos movilizados. Canarias, en cambio, ha quedado relegada a un lugar muy marginal en el reparto, a pesar de ser una de las regiones más afectadas por la crisis de acceso a la vivienda.

Alquileres disparados

La proporción también contrasta con la situación habitacional que atraviesan las islas. En los últimos años, el precio del alquiler se ha disparado, especialmente en las zonas metropolitanas, y la presión sobre el mercado inmobiliario ha ido en aumento.

A ello se suma la falta de un parque público de vivienda dimensionado para atender la demanda actual, que sigue muy por debajo de la media estatal. Todo esto ha generado una acumulación de demandas de vivienda protegida, especialmente en los grandes municipios.

Canarias ya actuaba

A pesar del escaso margen de actuación, el Ejecutivo autonómico había iniciado su propia vía de colaboración con la Sareb meses antes. En diciembre del pasado año, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), formalizó la compra de nueve viviendas en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), junto con nueve garajes y dos trasteros, por un importe de 1,2 millones de euros.

Los inmuebles, que serán destinados al alquiler social, buscan ofrecer una respuesta rápida a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias canarias. La compra se cerró tras una reunión mantenida ese mismo mes entre el consejero Pablo Rodríguez y representantes de la Sareb, donde se abordó la posibilidad de explorar activamente su cartera en el Archipiélago.

Falta de vivienda pública

Mientras tanto, el Archipiélago sigue dependiendo de sus propios recursos y adquisiciones puntuales para ampliar el parque habitacional. Aunque el anuncio estatal supone un paso simbólico hacia la movilización de vivienda vacía, su impacto real en Canarias será muy limitado si no se acompaña de políticas adaptadas al contexto insular.

La emergencia habitacional en el Archipiélago continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales, y la escasa presencia de Canarias en esta primera fase del plan estatal deja abierta la duda de si habrá un refuerzo en futuras fases. Por ahora, la respuesta queda en manos del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos, que deben seguir buscando alternativas para ofrecer soluciones reales a quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.