Por tan solo 500 euros un ciudadano de las islas podrá ser dueño de los proyectos renovables que se desarrollen cerca de su casa. Esta es una de las obligaciones que la Consejería de Transición Ecológica, en manos del PP, ha impuesto para las infraestructuras renovables superiores a dos megavatios que se impulsen en las islas.
La intención es que esta obligación se ponga en marcha en el primer semestre del año. Desde hoy y hasta el 29 de enero el decreto que lo aprobará estará en información pública para la presentación de alegaciones.
En esencia lo que obligará este proyecto es que todos los promotores que quieran impulsar una planta renovable deberán reservar el 20% de su propiedad a participación ciudadana. El mínimo por el que los ciudadanos podrán hacerse con una de esas participaciones serán de 500 euros.
Presentación pública
Para esa participación, cualquier proyecto de renovables en tierra superior a dos megavatios que se quiera poner en marcha primero tendrá que presentarse públicamente en el municipio donde se instalará. Este será un requisito indispensable porque los habitantes de ese municipio serán los primeros que podrán acceder a esa participación.
De esta forma, la empresa que quiera desarrollar un proyecto deberá hacer una presentación en el municipio a puertas abiertas “para que exista el conocimiento necesario”. Si el cupo del 20% de participación ciudadana no se cubre con los habitantes locales se ampliará el radio a los municipios limítrofes y luego a los isleños.
La plataforma
Los ciudadanos que quieran participar podrán hacerlo a través de la plataforma Fundeen. Se trata de una web que se define a sí misma “la primera plataforma de coinversión autorizada por la CNMV que permite a particulares invertir en proyectos de energía renovable desde tan sólo 500 euros”.
“Esas participaciones luego tendrán una rentabilidad que tendremos que valorar nosotros a través de la comisión que se establece en el reglamento”, ha explicado el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata. Una rentabilidad que quiere hacer “atractiva” la participación.
A partir de entonces cuando se obtenga cada participación los dueños de las participaciones podrán acceder a toda la información de la generación eléctrica y los beneficios.
Mínimo el 20%
Lo que establece el decreto que modifica que la ley de cambio de cambio climático es que las empresas tendrán que ofrecer como mínimo el 20% de participación pública en los proyectos de renovables en suelo, pero las empresas pueden ampliar ese porcentaje.
En el caso de que las energéticas no alcancen ese 20% mínimo exigido, el Gobierno de Canarias podrá ser flexible. Pero solo lo será siempre y cuando se haya demostrado que se ha difundido el proyecto lo suficiente. Una vez una comisión decida si el proyecto ha hecho “lo mínimo” y ha ofertado lo suficiente el proyecto se le dará la autorización.
Primero, rechazo
En un primer momento esta propuesta de los populares de ceder como mínimo el 20% de la propiedad de los proyectos a la ciudadanía se topó con el rechazo de la patronal. No tanto de las grandes empresas sino más bien de los pequeños inversores.
Según ha explicado Zapata a los medios de comunicación, la duda de los empresarios era que personas externas entraran en el accionariado del proyecto. Finalmente ha asegurado que hay un “consenso” y que esa participación era inevitable porque “la ciudadanía cada vez ve con más recelo la instalación de parques de energía renovable” y por una normativa europea.
Plazos
Este miércoles ha salido a información pública el decreto que regulará esta normativa y estará en exposición hasta el 29 de enero para presentar alegaciones. La percepción de la consejería es que la propuesta no genere litigios ya que ha sido acordada con la patronal y con otras instituciones como la Federación Canaria de Municipios.
Una vez se apruebe el decreto todos los proyectos de energía renovable que superen los dos megavatios y se instalen en suelo tendrán que poner en marcha esta participación.