La Asociación Canaria Sin Alas ha remitido a todos los grupos del Parlamento de Canarias una propuesta para declarar las rutas aéreas entre Canarias y la Península como Obligación de Servicio Público (OSP), con el objetivo de frenar el aumento de precios y garantizar la conectividad del archipiélago.
La iniciativa, bajo el lema “Canarias no puede quedarse sin alas”, plantea solicitar al Gobierno de España que estudie esta medida ante la Comisión Europea para regular un servicio que consideran esencial para la ciudadanía.
Desde la asociación advierten de que el archipiélago depende del transporte aéreo para acceder a servicios básicos, por lo que “el avión no es una opción, sino una necesidad”.
Precios al alza
El colectivo denuncia una subida progresiva del precio de los billetes en los últimos años, agravada por factores como el coste del combustible y la falta de mecanismos que limiten las tarifas en determinadas situaciones.
Según señalan, se han llegado a registrar precios de hasta 1.500 euros por trayecto, una cifra que consideran desproporcionada para un territorio ultraperiférico como Canarias.
Además, apuntan que el actual sistema de descuento de residente, al no tener un límite sobre el precio base, puede provocar en determinados momentos un encarecimiento adicional de los vuelos.
Regular el mercado
La declaración de las rutas como OSP permitiría establecer mecanismos de control y limitar precios máximos, garantizando una conectividad más estable y accesible tanto para residentes como para no residentes.
La asociación subraya que este modelo ya se aplica en España en las conexiones interinsulares de Canarias, donde existe un precio regulado sobre el que se aplica posteriormente el descuento de residente.
También destacan que en las Islas Baleares existen mecanismos similares para regular la conectividad aérea, lo que, a su juicio, evidencia una desigualdad territorial respecto a Canarias.
Cohesión territorial
El colectivo considera que la falta de regulación en las rutas con la Península puede afectar no solo a los residentes, sino también al turismo y a la relación natural entre Canarias y el resto del país.
En este sentido, advierten de que los elevados costes del transporte aéreo pueden poner en riesgo el derecho a la movilidad y la cohesión territorial, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.
Por ello, solicitan a los grupos parlamentarios que analicen la propuesta desde el consenso y trabajen en una solución que garantice precios justos y una conectividad equilibrada y sostenible.