Cobrar una factura en Canarias sigue siendo, para muchas empresas, una carrera de fondo. No basta con vender un producto, prestar un servicio o cerrar un acuerdo, después llega la espera. Y esa espera, según el último Observatorio de Morosidad de CEPYME, se alarga en las Islas hasta los 79,1 días de media en el cuarto trimestre de 2025.
El dato coloca al Archipiélago prácticamente en la media española, situada en 79 días, pero deja una fotografía incómoda para el tejido empresarial, ya que las compañías canarias cobran, de media, casi 20 días más tarde del plazo máximo legal, fijado en 60 días para las operaciones comerciales entre empresas.
Más tarde de lo legal
El informe, elaborado por CEPYME con datos de CESCE e Informa D&B, analiza el comportamiento de los pagos entre empresas y refleja que el problema no es exclusivo de Canarias. En el conjunto de España, el Período Medio de Pago se situó en 80,5 días de media en 2025, una cifra algo mejor que la del año anterior, pero todavía un 34% por encima del límite legal.
En el caso de Canarias, la evolución muestra una mejora clara si se compara con los niveles registrados hace unos años. En el cuarto trimestre de 2021, las empresas de las Islas tardaban 90,4 días en cobrar; en 2022, 89,4 días; y en 2023, 79,9 días. Sin embargo, el cierre de 2025 deja un pequeño empeoramiento frente al año anterior: el plazo pasó de 78,4 a 79,1 días.
Esto hace que las Islas, a pesar de que su incremento sea leve, de apena 0,7 días, no se encuentren entre las ocho comunidades autónomas que lograron reducir su periodo medio de pago respecto al último trimestre de 2024: Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja y Murcia. Y también estén alejadas de las que presentan mejores registros, como Aragón o Baleares, donde el periodo medio de pago se situó por debajo de los 70 días.
Aumento de la morosidad
El punto más delicado del informe no está tanto en cuánto tardan las empresas canarias en cobrar, sino en cómo ha evolucionado la morosidad. En las ventas a plazo, el índice de morosidad de Canarias pasó de 28,4 puntos en el cuarto trimestre de 2024 a 54,4 en el mismo periodo de 2025. Es decir, se disparó un 91,3% en un año.
Las ventas a plazo son operaciones muy habituales entre empresas: una compañía entrega un producto o presta un servicio, emite la factura, pero no cobra en ese mismo momento, sino semanas o meses después. El problema aparece cuando ese pago no llega en la fecha acordada y la factura empieza a acumular retraso.
Por encima de la media
El propio Observatorio señala que el repunte fue “especialmente acusado” en Extremadura y Canarias, con tasas de crecimiento que rondaron el 90%. En la práctica, esto significa que, aunque el plazo medio de pago en las Islas no se aleja demasiado de la media nacional, el riesgo de que las facturas de ventas a plazo no se cobren cuando toca ha aumentado con fuerza.
Cuando se compara la situación de cada territorio con la media española, el Archipiélago aparece por encima del promedio. Canarias registra un índice de 133,9 puntos, tomando como referencia 100 para el conjunto del país. La morosidad en ventas a plazo en Canarias se sitúa un 33,9% por encima de la media nacional.
Un problema para la liquidez
El informe advierte de que las pymes y, especialmente, las microempresas son las que sufren con más intensidad los retrasos prolongados. Y es que una factura que tarda demasiado en cobrarse puede condicionar pagos a proveedores, nóminas, inversiones o incluso la posibilidad de aceptar nuevos trabajos.
El Observatorio también recuerda que la morosidad sigue siendo un problema relevante en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, aunque los tiempos medios de pago mejoraron en el conjunto de España durante 2025.
El coste de cobrar tarde
A nivel nacional, el coste financiero asociado a la deuda comercial alcanzó los 5.568 millones de euros en el cuarto trimestre de 2025. De esa cantidad, casi 2.000 millones correspondieron a pymes, según recoge CEPYME.
En el caso de Canarias, las empresas cobran casi en el mismo plazo que la media española, pero lo hacen todavía lejos del límite legal y con una morosidad que ha dado un salto importante en apenas un año.
Casi 80 días de espera y un repunte del 91,3% en el índice de morosidad dibujan un cierre de 2025 complicado para quienes dependen de cobrar a tiempo para seguir funcionando.