La CEOE Tenerife ha alertado este miércoles de que en Canarias faltan más de 37.600 viviendas, un déficit que, a su juicio, se ha convertido en un freno “directo” para el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social en las Islas.

Así se recoge en el Monitor de la Economía Canaria – Diagnóstico del Mercado de la Vivienda en Canarias, presentado por la patronal tinerfeña, que sostiene que la vivienda ha dejado de ser un problema exclusivamente social para convertirse en “un factor crítico de competitividad”.

Según los datos expuestos por la organización empresarial, cada año se crean en Canarias en torno a 10.000 nuevos hogares, mientras que la producción anual apenas supera las 2.500 viviendas. Este desequilibrio estructural entre oferta y demanda explicaría cerca del 40% del reciente encarecimiento de los precios en el Archipiélago.

Para la CEOE, esta tensión residencial está afectando de manera directa al funcionamiento del mercado laboral. La dificultad para acceder a una vivienda limita la movilidad de los trabajadores y complica que las empresas puedan atraer y retener talento, especialmente en sectores estratégicos para la economía canaria.

Falta de VPO y presión sobre el alquiler

El informe subraya además que el déficit se agrava por la escasa construcción de vivienda protegida (VPO) en los últimos años. La insuficiente oferta asequible empuja a los hogares con menos renta hacia el mercado libre y el alquiler, lo que incrementa la presión sobre ambos segmentos y repercute en una subida generalizada de los precios.

La patronal descarta que se trate de un fenómeno coyuntural y lo vincula a un bloqueo prolongado de la producción residencial, provocado —según señala— por la falta de suelo finalista, la complejidad administrativa, la inseguridad jurídica y la baja rentabilidad del sector promotor.

Salarios bajos y mayor vulnerabilidad

A este escenario se suma que Canarias presenta salarios medios inferiores a la media nacional, mientras que el esfuerzo económico para acceder a una vivienda supera los umbrales de riesgo recomendados. El resultado, advierte la organización, es una creciente vulnerabilidad residencial que afecta al consumo, al ahorro y a la estabilidad social.

Desde la CEOE se insiste en que la vivienda debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. Entre las medidas planteadas figuran facilitar suelo, agilizar licencias, reforzar la seguridad jurídica y activar inversión pública y privada para aumentar la oferta.

“Sin vivienda se resiente el empleo, la competitividad y la cohesión social. Resolver este problema es una condición indispensable para el futuro económico del Archipiélago”, concluye la patronal.