El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a subasta el 50 % de las acciones que el Grupo Santana Cazorla posee en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, propietarias de los complejos turísticos Anfi del Mar y Anfi Tauro, en el sur de Gran Canaria.
El magistrado Carlos Vielba, a petición de PKF Attest, que es el administrador concursal de Grupo Santana Cazorla, fija el precio inicial de la subasta en ocho millones de euros. Esa cantidad se corresponde con la cifra ofrecida por una filial de Lopesan para hacerse con esos activos, la cual se basa en un informe reciente de KPMG.
Derechos y perjuicios
Las pujas que se hagan en la subasta deberán superar en un millón de euros ese importe de salida, conservando Lopesan un derecho de tanteo para superar la mejor oferta realizada.
El juez ha decidido autorizar la venta del capital social al comprobar que Grupo Santana Cazorla carece de liquidez para afrontar los gastos del proceso judicial abierto por su situación de insolvencia, con el argumento de que retrasar esa decisión podría acarrear perjuicios al proceso concursal, según el auto hecho público por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Valor real
El precio de salida de la subasta, sin embargo, parece bastante menor al real de Anfi del Mar y Anfi Tauro, por debajo incluso del valor asignado en el inventario de bienes elaborado, y muy inferior al manifestado por los dos grupos turísticos en otros pleitos iniciados por el control del Grupo Anfi.
Hasta 2016, Anfi pertenecía a los hermanos Santana Cazorla y la familia Lyng, pero el socio noruego vendió su parte del negocio a IFA Canarias, filial de Lopesan, que, a su vez, se hizo con los derechos de liquidación de Manuel Santana Cazorla en la compañía familiar.
Origen
Con esta maniobra, Lopesan logró la mayoría en el consejo de administración, y relegó a un segundo plano a los hijos de Santiago Santana Cazorla, que se han querellado contra su tío por administración desleal y le acusan de regalar la gestión de la empresa a su competidor.
Esta disputa entre hermanos, alentada por la entrada de IFA en el accionariado de Anfi, motivó que Grupo Santana Cazorla presentase concurso de acreedores en marzo de 2021.
Rechazo
En ese cruce de pleitos entre los dos grandes del sector en Canarias, hay informes de la familia Santana Trujilllo (hijos de Santiago) que valoran esos activos turísticos en 400 millones, con proyectos aún por desarrollar en Tauro, mientras que las sociedades vinculadas a Lopesan lo sitúan en 237 millones. De ahí la oposición a ese precio de salida, por debajo incluso del inventario un 10 %.
Por eso los hijos de Santiago Santana Cazorla rechazan la subasta, al tiempo que han recusado al juez y han recurrido el nombramiento de PKF Attest como administrador concursal, en este caso por sus vínculos profesionales con el banco BBVA, que es uno de los acreedores de Grupo Santana Cazorla.
En trámite
Las fuentes consultadas aclaran que ninguna de esas impugnaciones paralizan la tramitación del proceso concursal. De ahí el auto dictado por Vielba, que es magistrado de la Audiencia de Las Palmas y ejerce como sustituto en el Juzgado de lo Mercantil número 2.
En esa resolución, el juez admite que hay discrepancias sobre el precio acordado, peo recuerda a los afectados que es el importe de salida de la puja, no su valor final, lo cual garantiza un precio mínimo de venta.
Ofertas
"Evidentemente, si las participaciones tienen el valor que mencionan algunos de los que se han opuesto al proceso, claramente habrá interesados en pujar y ofrecer mucho más. Recordemos que ocho millones de euros es el precio mínimo garantizado", recoge la resolución judicial.
La autoridad judicial ha dado a los interesados un plazo de diez días para presentar las ofertas al administrador concursal, previa presentación de un aval de cinco millones de euros.