¿Es real el problema de la ‘okupación’ en Canarias? Los datos del Ministerio del Interior muestran que no. Según lo recogido por el Gobierno estatal, en Canarias durante 2024 se registraron 663 allanamientos y usurpaciones de inmuebles, lo que representa solo el 0,06% de las más de 1.088.000 viviendas que hay en el Archipiélago.
A pesar de los datos, hay muchas informaciones que se cogen con pinzas, desde la falta de diferenciación entre allanamiento y ocupación ilegal, además de la situación de las personas inquilinas que no realizan los pagos correspondientes del arrendamiento.
Cifras en Canarias
Según las cifras del Ministerio de Interior, en 2024 se registraron 663 casos de ‘okupación’ en Canarias, lo que supone un leve incremento respecto a los 581 casos de 2023. Desglosando por provincias, Las Palmas concentra el mayor número de ‘okupaciones’, con 361 casos en 2024, mientras que Santa Cruz de Tenerife registró 302 casos.
Si bien ambas provincias presentan cifras similares, Las Palmas ha mantenido históricamente un número mayor de ‘okupaciones’. Sin embargo, la diferencia entre ambas no es significativa y ambas han experimentado fluctuaciones anuales leves.
Diferencia entre delitos
Un aspecto importante al visualizar estos datos es tener en cuenta que incluyen tanto allanamiento de morada y usurpación de inmuebles — llamado habitualmente ‘okupación’ —, y que se tratan de delitos distintos.
Por una parte, el allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) ocurre cuando alguien entra en la vivienda habitada — es decir, una persona vive ahí habitualmente, es su residencia principal — sin consentimiento. Se considera un delito grave y las Fuerzas de Seguridad pueden proceder al desalojo inmediato una vez presentada la denuncia.
En cambio, la usurpación de inmuebles (artículo 245) se refiere a la ocupación de un inmueble deshabitado sin autorización. En este caso, la policía no puede intervenir sin una orden judicial previa.
En este sentido, mientras que el allanamiento de morada permite una actuación rápida de las autoridades, la usurpación de inmuebles requiere un proceso judicial.
Ley de Vivienda
Asimismo, las cifras registradas por el Ministerio no recogen los impagos de inquilinos, una de las grandes quejas reiteradas de los propietarios, que apuntan que la Ley de Vivienda protege al arrendatario antes que al arrendador, al permitirle declararse como vulnerable para justificar el impago del alquiler. Este procedimiento puede retrasar los desalojos, ya que se requiere un informe de los servicios sociales para evaluar la situación del inquilino antes de que el propietario pueda tomar medidas legales.
El descontento con la normativa ha conducido a que los propietarios prefieran destinar sus viviendas al alquiler vacacional, situación que ha dado como resultado que en las capitales canarias hay siete viviendas vacacionales por cada casa de alquiler.
Las viviendas vacías
Otro de los factores que también influye en la situación de la vivienda en las Islas es el alto número de inmuebles vacíos en el Archipiélago. Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías, lo que representa aproximadamente un 18% del total de inmuebles residenciales.
Desgranando la situación de cada municipio de Canarias, se puede apreciar que hay ocho con más de un 40% de sus viviendas totales vacías y más de 25 con más de un 30% sin habitar. Lo que se suma a los altos precios – el precio de compraventa de viviendas alcanzó a final de 2024 los 2.327 €/m2 y los 14,2 €/m2 de alquiler en enero de 2025 – y la falta de oferta.
Es así como un debate sobre una crisis con diferentes aristas - viviendas vacías, alquileres abusivos, motivaciones de empresas privadas, legislación, falta de oferta, crecimiento de la población, compra de extranjeros y un largo etcétera - y que no para de hacerse bola en el Archipiélago, así como en el resto de España, se acrecienta, aunque los datos hablen.