El descuento de residente, una conquista social que garantiza la movilidad en Canarias y Baleares, atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su ampliación al 75% en 2018. Lo que nació como una medida de cohesión territorial se ha convertido en un complejo laberinto financiero que enfrenta al Gobierno central y a las aerolíneas. Las compañías acusan retrasos millonarios en el reembolso de las bonificaciones y advierten de que la situación amenaza su liquidez y, por extensión, la conectividad aérea del Archipiélago.

El origen del problema está en la estructura del sistema. Cuando un residente canario o balear compra un billete, solo abona el 25% del precio. El 75% restante lo adelanta la aerolínea, que luego debe recuperar esa cantidad del Estado. Es un mecanismo aparentemente sencillo, pero que en la práctica se ha visto desbordado por los retrasos administrativos, los controles antifraude y, sobre todo, por la falta de fondos suficientes en los presupuestos generales.

Crédito rechazado

Durante 2024 y buena parte de 2025, el Gobierno ha operado con cuentas prorrogadas que no contemplaban el aumento sostenido del tráfico bonificado. El resultado ha sido un agujero de cientos de millones de euros. Según las estimaciones de las propias aerolíneas, el Estado les adeuda todavía más de 800 millones, aunque el Ministerio de Transportes reconoce una cifra menor. Los impagos se acumulan y la tensión de tesorería se nota especialmente en las compañías con mayor presencia en las rutas insulares.

El Ejecutivo intentó poner orden a comienzos de este año con un pago de 319 millones de euros, autorizado a través de la Ley de Navegación Aérea. Fue un alivio parcial. La intención posterior de aprobar un crédito extraordinario de 1.200 millones para regularizar la deuda pendiente se estrelló en el Congreso de los Diputados, que rechazó la propuesta. Sin esa inyección, las aerolíneas siguen esperando una solución estructural que garantice un calendario estable de reembolsos.

“Lo que tenemos es un modelo que funciona sobre el papel, pero que en la práctica genera incertidumbre e inestabilidad financiera”, lamentan desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Las compañías deben mantener el servicio con normalidad, pero sin saber con certeza cuándo recibirán el dinero que han adelantado por mandato legal. En un contexto de costes crecientes y márgenes ajustados, esa falta de previsibilidad puede traducirse en menos inversión y, a medio plazo, en una menor oferta de vuelos.

Necesidad

El impacto sobre la conectividad preocupa especialmente en Canarias, donde el transporte aéreo no es un lujo, sino una necesidad. La movilidad entre islas o con la Península depende casi exclusivamente de la aviación comercial. “Si las compañías empiezan a ajustar frecuencias o a reducir rutas, el daño no se medirá solo en términos económicos, sino en derechos ciudadanos”, apuntan fuentes del sector.

El incremento de la demanda es otra pieza clave del rompecabezas. Desde que el descuento pasó del 50% al 75%, el volumen de billetes bonificados se ha disparado año tras año, alcanzando cifras récord. Los presupuestos del Estado, sin embargo, no han crecido al mismo ritmo. En 2023, el gasto real superó los mil millones de euros, muy por encima de la previsión inicial de 560 millones. Con las cuentas prorrogadas y la inflación elevando los costes operativos, el desequilibrio se volvió inevitable.

Palo en el Congreso

El rechazo parlamentario al crédito extraordinario de 1.200 millones ha sido interpretado en el sector como un golpe a la confianza. “El descuento de residente no está en cuestión, pero su financiación sí”, señalan desde varias aerolíneas. El problema ya no es solo cuánto se debe, sino cuándo se va a pagar. Las compañías reclaman un sistema de compensación automática, con plazos cerrados y partidas flexibles que se ajusten a la evolución del tráfico real.

Mientras tanto, las aerolíneas hacen equilibrios. Algunas han reconocido que los retrasos en el cobro las obligan a buscar liquidez externa o a aplazar inversiones. Otras prefieren guardar silencio para no tensar más la relación con la Administración. Lo cierto es que la dependencia del mercado insular impide grandes maniobras: salir de Canarias o Baleares no es una opción viable.

Incógnita presupuestaria

El Gobierno, por su parte, defiende que los pagos seguirán su curso y que el crédito de 319 millones ha permitido aliviar el tapón más urgente. Sin embargo, dentro del propio Ministerio de Transportes reconocen que la demanda supera la capacidad presupuestaria disponible. En el mejor de los casos, las nuevas transferencias cubrirán parte de la deuda de 2024, pero el desfase volverá a aparecer si no se aprueban unas cuentas actualizadas.

Más allá de la disputa financiera, el debate del descuento de residente ha abierto un dilema político. El derecho a la movilidad de los ciudadanos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla está blindado legalmente, pero su sostenimiento requiere una gestión eficiente y previsible. El problema no es el descuento, sino cómo se paga y cuándo.

Amenaza silenciosa

El asunto trasciende al propio sector aéreo. Mantener la conectividad no es solo cuestión de transporte: afecta a la economía, al turismo, al comercio y a la igualdad de oportunidades. Las aerolíneas insisten en que no quieren renunciar a operar las rutas insulares, pero alertan de que la incertidumbre presupuestaria y la burocracia acumulada son una amenaza silenciosa.

En definitiva, el sistema del descuento de residente se enfrenta a una paradoja. Es una de las políticas más valoradas por los ciudadanos, pero también una de las más frágiles desde el punto de vista financiero. El pago parcial de 319 millones ha evitado el colapso inmediato, pero el problema de fondo sigue sin resolverse. Si no se actualizan las dotaciones ni se estabilizan los plazos, la deuda crecerá, las compañías se resentirán y la conectividad aérea de las islas volverá a quedar en el aire.