Doris Borrego ha sido reelegida presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) y asegura que encara un cuarto mandato decisivo con muchos retos por delante.
En esta entrevista, alerta de que el 80% de los pequeños propietarios no puede cumplir con la actividad clasificada, un requisito legal que, dice, amenaza con sacar muchas viviendas del mercado.
Creación de empleo
Además, denuncia que el sector está siendo señalado por el aumento del precio de la vivienda en lugar de poner el foco en los grandes fondos de inversión que destinan edificios enteros a explotarlos como pisos turísticos.
La presidenta de ASCAV defiende que la vivienda vacacional en manos de particulares reparte riqueza, genera empleo y garantiza transparencia fiscal al ser una actividad muy controlada.
[Pregunta] Los últimos años han sido intensos para el sector: una nueva ley para regularlo en Canarias, un aumento de turistas y un debate constante sobre los precios de la vivienda residencial. ¿Espera que este cuarto mandato sea más tranquilo? ¿Qué retos tiene por delante?
[Respuesta] El reto es enorme. Ahora se tiene que modificar la Ley 6/2025 sobre el uso turístico de las viviendas, porque desde el día siguiente a su aprobación ya se identificaron enmiendas necesarias. Estamos revisando las propuestas de otros partidos para incluir el tema de la actividad clasificada, que para nosotros es nuestro talón de Aquiles.
¿A qué se refiere?
Desde 2015, la vivienda vacacional fue regulada como vivienda de uso residencial, debía estar en suelo residencial y chocaba con los planes de ordenación de los municipios, algo que muchos propietarios no podían cumplir. El 80% de los pequeños propietarios no pueden cumplir con la actividad clasificada, lo que amenaza con que esas viviendas salgan del mercado.
¿Cómo afecta la normativa nacional y europea en todo esto?
A nivel nacional, el Real Decreto 13/12 obliga a un registro único, cuando nosotros ya estamos inscritos en el Registro General Turístico de Canarias, que tiene competencia en materia turística. Presentamos recurso ante el Tribunal Supremo y Europa también ha dictaminado que esta obligación va en contra de su normativa, dando a España un plazo hasta el 20 de mayo para eliminarlo.
¿Qué otros planes tienen entre manos?
Estamos participando en una alianza europea impulsada por ASCAV y FAPAVAT, con países fundadores como España, Italia, Portugal, Alemania y Rumanía, un reciente viaje a Bruselas nos abrió puertas para colaborar directamente en la regulación.
Hablaba usted antes de los pequeños propietarios. ¿Quién cree que los discrimina más? ¿Las grandes empresas hoteleras o quienes los culpan por el encarecimiento del precio de la vivienda?
De toda la vida, el modelo tradicional de vivienda vacacional ha estado en manos de familias, funcionando sin problemas. Antes de Internet, la intermediación se hacía a través de tourperadores. Una vez entran en juego las grandes plataformas, lógicamente quedan más expuestas las viviendas vacacionales que hay y por fin los propietarios somos libres de poner nuestros precios y alquilar solo a las personas que nosotros queramos.
Pero los tiempos cambian a pasos agigantados.
Ahora, con la gran demanda, hay un crecimiento y los grandes fondos de inversión y operadores han visto la oportunidad de colarse con edificios completos, pero la normativa está pensada para pequeños propietarios, no para grandes tenedores. Ahí es donde ASCAV alzó la voz hace seis años y pedimos que haya una diferenciación clara en la normativa.
¿Qué los diferencia?
No es lo mismo que un fondo de inversión coja un edificio completo, eche a todos sus vecinos a la calle y lo convierta en vivienda vacacional.
¿Quiere decir que quien echa a los vecinos a la calle son los fondos de inversión y no la vivienda vacacional como sector económico?
Exactamente.
¿Por qué aumenta tanto el número de viviendas vacacionales?
Por la ley de vivienda estatal, muchos propietarios han salido del mercado. Por ejemplo, esta mañana leía que el 61% de las viviendas que se alquilaban residencialmente han salido del mercado por inseguridad jurídica.
¿Qué ocurrió con ellos?
Una parte se dio de alta como vivienda vacacional por si acaso. Y además está impulsado como un efecto llamada de la propia Consejería de Turismo al anunciar la nueva ley. Es tan evidente que hace unos meses había 73.000 viviendas vacacionales registradas y a día de hoy hay 43.000 viviendas vacacionales operando. Con esa cifra no hay motivos para una ley tan restrictiva.
Un propietario del complejo Waikiki en Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana, quiso alquilar su apartamento como vivienda vacacional y el Patronato de Turismo de Gran Canaria se lo impidió. Más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias respaldó esta decisión, pero ahora el Tribunal Supremo se ha abierto a estudiar un recurso de casación. ¿Le da esperanzas?
Lo que está claro es que el modelo turístico de Canarias, si hablamos en términos generales, no funciona. Recibimos 18 millones de turistas al año, batimos récords, pero seguimos siendo la comunidad autónoma más pobre.
¿Y qué papel juega en todo esto la vivienda vacacional?
La vivienda vacacional en manos de propietarios particulares es la única modalidad turística que reparte la riqueza. Beneficia a los propietarios, genera nuevas empresas para intermediar viviendas, crea empleo y aporta una economía transversal íntegramente facturada y fiscalizada. A día de hoy es el sector más controlado fiscalmente del país.
¿Hay que acabar con el principio de unidad de explotación?
Desde el minuto uno hemos dicho que respetamos la unidad de explotación, siempre que se ejerciera bien y legalmente. Sin embargo, hay muchos complejos abandonados o sin explotador, y se sanciona a propietarios por vivir en ellos a pesar de la emergencia habitacional que vivimos. No tiene ningún sentido.
La propia consejera de Turismo, Jéssica De León, habló con las patronales hoteleras sobre que esto hay que modificarlo, porque si no lo hacemos nosotros lo hará Europa. Allí donde hay explotadores que cumplen 100% con la ley y están gestionando bien, nos parece perfecto, pero de lo contrario hay que tomar cartas en el asunto urgentemente.
¿Debe abrirse la posibilidad de que cualquier propietario pueda registrar su vivienda como piso turístico aunque esté dentro de un complejo?
El 67% de las viviendas vacacionales están en complejos turísticos. Esto tiene que quedar claro porque nunca han sido viviendas. Si están en complejos y no tienen explotador, ¿por qué no van a poder dedicarse a la vivienda vacacional? Máxime cuando es ahora Europa también quien le está dando la razón a los propietarios.
¿Tenemos un modelo turístico obsoleto?
No ha habido planificación durante los últimos 30 años. Cada vez se construyen más hoteles, pero las infraestructuras (carreteras, agua, electricidad, sanidad) no han crecido proporcionalmente. Al igual que tampoco ha habido una planificación de vivienda, si la hubiésemos tenido acorde al crecimiento turístico no estaríamos en la situación actual.
Por ejemplo, este año y el siguiente abrirán 44 nuevos hoteles en Canarias. Primero, ¿quién va a trabajar en ellos? Si de entrada no se encuentran empleados para los que ya están. Y si se trae personal de fuera, ¿dónde va a vivir?
¿Y qué podemos hacer?
Necesitamos soluciones. Es decir, no puede haber 250.000 viviendas vacacionales, pero tampoco 50.000 hoteles. No seré yo quien pida una moratoria para los hoteles, pero sí es verdad que para poder crecer tiene que haber una planificación, la que no se ha tenido en cuenta por parte de los respectivos gobiernos.
Y lo más importante: en materia de vivienda e infraestructuras. Vemos nuestras autopistas saturadas, así como problemas en la sanidad o educación.
¿Están ustedes entonces pagando los platos rotos de años sin gestión? Porque cuando se habla de la falta de vivienda, por ejemplo, el sector de los pisos turísticos es uno de los más señalados.
La vivienda vacacional representa solo el 4,6% del parque total, con esas cifras no podemos ser el principal causante de una falta de vivienda. ¿Somos los cabezas de turco? Evidentemente, porque no hay excusa para justificar que en 30 años no se haya edificado vivienda asequible y vivienda social para la gente que trabaja aquí.
Además, hay 211.000 viviendas vacías en Canarias, a lo que se suma el 40% de viviendas residenciales que se alquilaban y han salido del mercado. ¿La culpa es de la vivienda vacacional? A base de repetir mil veces una mentira se vuelve realidad.
Vamos a ser honestos, la gente salió a la calle el verano pasado porque está en contra del turismo de masas. Y nosotros no representamos un turismo de masas.