La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha advertido este martes ante el Parlamento de Canarias de que el actual Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas supondrá "un auténtico mazazo" para miles de familias canarias, al excluirlas de la actividad turística y favorecer, según denuncian, a los grandes empresarios del sector.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, y el asesor jurídico de la asociación, Javier Valentín, expusieron las consecuencias sociales, económicas y jurídicas de la normativa en trámite, que regulará el alquiler vacacional en el archipiélago.
El foco en el pequeño propietario
Borrego subrayó que la vivienda vacacional ha sido clave para redistribuir la riqueza del turismo entre la población canaria, generando empleo, actividad económica y beneficios para sectores como la restauración, el ocio o la cultura. Aseguró que el texto actual de la ley representa un “mazazo” para los pequeños propietarios, al impedirles continuar con esta actividad y dejar “en manos de los de siempre” la explotación turística.
Pese a que se usa como argumento que el alquiler vacacional está en manos de pequeños propietarios, los datos dicen lo contrario. El informe elaborado por la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna recoge que solo un 21% de las personas que explotan viviendas turísticas acaparan más del 50% de las plazas que se ofertan en las islas. Según el informe, en las islas hay 28.560 propietarios que explotan 195.994 plazas de alquiler vacacional, pero la distribución es desigual, ya que la mitad de las plazas la explota un grupo de grandes propietarios.
A favor de los grandes propietarios
Por su parte, Valentín alertó, según un comunicado enviado por la asociación, de que la redacción propuesta busca eliminar progresivamente a los pequeños propietarios del mercado, en favor de grandes operadores turísticos. Además, cuestionó la supuesta “consolidación de uso” prevista en el proyecto, calificándola de “trampa legal”, ya que solo beneficiará a una pequeña minoría y dejará fuera a propietarios de apartamentos y bungalows, que tampoco podrán comercializar sus inmuebles.
Ambos representantes de ASCAV hicieron un llamamiento a los diputados para que sean sensibles con los pequeños propietarios de viviendas vacacionales en Canarias y eviten su exclusión del sector turístico en las islas