La oferta de pisos turísticos ilegales en internet empieza a reducirse. Desde el pasado 1 de julio, las principales plataformas han comenzado a desactivar los anuncios que no cuentan con el número de registro obligatorio, una medida que afecta de lleno a Canarias, la cuarta comunidad autónoma con más viviendas de este tipo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Canarias existen 50.686 viviendas de uso turístico, una cifra que sitúa al Archipiélago solo por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Muchas de ellas han solicitado el nuevo número de registro, en vigor desde enero, pero no lo han obtenido por incumplir los requisitos legales.
El Gobierno central calcula que hay 54.000 pisos turísticos ilegales en las plataformas y asegura que su objetivo es que estos alojamientos regresen al mercado de alquiler residencial, en un contexto marcado por la escalada de precios y las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias vulnerables.
Control más estricto
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó que las plataformas “están retirando los anuncios de forma efectiva” y mostró su satisfacción por la colaboración de empresas como Airbnb o Booking.
Desde Airbnb aseguran que la obligación de registro “no ha supuesto un impacto significativo en su negocio” y que han incorporado 70.000 anuncios con número de registro desde enero. La compañía añade que menos del 10 % de los códigos rechazados siguen activos y que su objetivo es darlos de baja.
Por su parte, Booking ha subrayado su compromiso de colaborar con las autoridades “para promover una regulación clara y combatir los alquileres ilegales”.
El caso canario en el debate
Municipios turísticos como Adeje, en Tenerife, figuran entre los que concentran más códigos revocados en toda España, con 765 registros anulados desde el inicio del proceso. Esta situación mantiene en alerta al sector, que teme un recorte drástico de la oferta en plena temporada alta.
Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) defienden que una revocación administrativa “no implica que exista actividad ilegal” y denuncian que el Gobierno está “criminalizando” a miles de familias y pymes sin garantizarles el procedimiento legal correspondiente.
Respaldado por los tribunales
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado por segunda vez la exigencia de que Airbnb retire los anuncios sin licencia. Solo en la capital, la plataforma tuvo que dar de baja 34.728 alojamientos a finales de 2024.
El Ejecutivo central confía en que esta medida sirva para aliviar la presión sobre el mercado de alquiler residencial y mejorar el acceso a la vivienda.