Canarias ha registrado 31.306 alojamientos de corta duración en el nuevo sistema estatal obligatorio, lo que supone un 65,7% del total de viviendas vacacionales activas en el Archipiélago, según datos del Ministerio de Vivienda y del Instituto Canario de Estadística (Istac). La comunidad autónoma se posiciona así por encima de la media nacional, donde el porcentaje apenas alcanza el 46%.
Este registro único de alquileres de corta duración, que entró en vigor el pasado martes 1 de julio, será imprescindible para operar legalmente en plataformas como Airbnb o Booking. A partir de ahora, los anuncios deberán incluir un número de registro oficial. En caso contrario, el Ministerio podrá ordenar su retirada inmediata.
Canarias, segunda del Estado
Del total de solicitudes en el Archipiélago, el 96% se corresponden con viviendas de uso turístico y no con alquileres por temporada o por habitaciones. En conjunto, Canarias es la segunda comunidad autónoma con más solicitudes, solo por detrás de Andalucía.
Por provincias, Las Palmas encabeza el número de registros con 16.719 solicitudes, mientras que Santa Cruz de Tenerife acumula otras 13.341. En cuanto al estado de las peticiones, 11.603 están activas, 16.847 en fase provisional y 2.856 han sido ya revocadas por no cumplir los requisitos exigidos.
Disputa por las competencias
Pese a la recién entrada en vigor de este registro, el Gobierno de Canarias ha dejado clara su oposición al decreto estatal. En una nota informativa difundida este lunes, la Consejería de Turismo y Empleo sostiene que el decreto no debe aplicarse a una amplia gama de alojamientos reglados, entre ellos los hoteles, villas, bungalows, apartamentos turísticos o casas emblemáticas.
Según el Ejecutivo regional, una interpretación literal del Real Decreto 1312/2024, en vigor desde el pasado diciembre, así como la jurisprudencia europea, permiten excluir del registro a los establecimientos que ya operan bajo autorizaciones previas específicas.
Recurso contra el decreto
Ante la falta de aclaraciones por parte del Gobierno de España, el Ejecutivo canario ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la norma estatal. La comunidad se suma así a otras autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que también han cuestionado el alcance de esta nueva regulación.
El contenido de la nota informativa, matiza el Gobierno autonómico, no tiene efecto vinculante, pero pretende ofrecer orientación ante la avalancha de dudas recibidas por parte del sector turístico en las islas.
Nuevo escenario legal
Desde este martes, será obligatorio mostrar el número de registro en cualquier anuncio de alquiler turístico, temporal o por habitaciones con finalidad lucrativa. El proceso debe tramitarse a través del Colegio de Registradores o del Registro de la Propiedad competente, adjuntando licencias u otros documentos según corresponda.
Los alojamientos sin número de registro válido —ya sea por omisión, error o revocación— quedarán fuera de las plataformas digitales, por orden expresa del Ministerio de Vivienda, que ya ha anunciado el inicio de la fase ejecutiva de control.
Postura del Gobierno central
La ministra Isabel Rodríguez ha defendido el nuevo sistema como una medida “necesaria para acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios”. También ha señalado que el registro pretende frenar el fraude en el alquiler de temporada, utilizado en algunos casos para especular con el mercado de la vivienda.
Además, la norma establece que los alojamientos rurales con servicios añadidos, como desayunos, quedan excluidos del registro al ser considerados análogos a los hoteles tradicionales.
Repunte de solicitudes
El mes de junio marcó un récord de inscripciones: se registraron 134.364 nuevas solicitudes en toda España, lo que representa un incremento del 165,7% respecto a mayo. Este crecimiento responde a la inminente entrada en vigor del decreto y a la necesidad de regularizar la situación de miles de propiedades.
En total, desde el 2 de enero se han tramitado más de 215.000 solicitudes en el conjunto del Estado. De ellas, más del 78% están relacionadas con el alquiler turístico, lo que confirma el peso creciente de este modelo frente al arrendamiento tradicional.