La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) denuncia la situación de desamparo extremo en la que se encuentran seis tripulantes a bordo del Lady Mina, un buque de propiedad turca inmovilizado en el Puerto de Las Palmas.

Lo que comenzó como una alerta por el impago de salarios ha destapado un grave entramado de irregularidades técnicas y documentales, elevando la deuda salarial acumulada con la tripulación a 68.000 dólares estadounidenses, casi 62.000 euros.

Ante la gravedad de los hechos, la federación ha activado los mecanismos legales en los juzgados de lo mercantil para proceder al embargo preventivo del barco, que está retenido por orden de Capitanía Marítima en el puerto de la capital grancanaria, explican desde el colectivo.

La esclavitud del siglo XXI

La voz de alarma saltó el pasado 23 de mayo, cuando un tripulante contactó con la ITF en Las Palmas tras haber superado el límite máximo de 11 meses embarcado que estipula el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006). Su contrato había expirado, pero el armador ignoró repetidamente sus peticiones de repatriación.

Tras una inspección de urgencia realizada por Gonzalo Galán, inspector de la ITF en Canarias, se descubrió que dos marinos llevaban a bordo desde abril de 2025, y que el jefe de máquinas no percibía salario alguno desde enero de 2026.

"Cuando subí a bordo del Lady Mina, quedó claro desde el primer momento que la tripulación había sido completamente abandonada a su suerte", afirma Galán. "El jefe de máquinas llevaba seis meses sin cobrar un solo dólar y, aun así, seguía manteniendo el buque operativo porque no tenía otra alternativa. Esto no es un descuido del armador; es un caso claro de abandono", añade.

Certificados bajo sospecha y reincidencia

Tras confirmarse el abandono, la ITF informó a la Capitanía Marítima de Las Palmas, que procedió a la inmediata retención del navío. Las inspecciones posteriores revelaron que el Lady Mina navegaba sin los certificados estatutarios obligatorios. De manera aún más grave, la documentación de la garantía financiera exigida por el MLC —diseñada para proteger a los marinos en estas situaciones— era presuntamente fraudulenta.

Este modus operandi no es nuevo para la empresa armadora. En diciembre de 2024, el buque fue incluido en la base de datos sobre el abandono de marinos que gestiona la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI), tras dejar a otra tripulación desamparada y sin cinco meses de sueldo en Argelia.

A pesar de que las primeras negociaciones de la ITF lograron la repatriación y el pago de dos de los marineros, el armador volvió a romper sus promesas con el resto de la tripulación, negándose a reparar el buque o abonar el dinero adeudado. De ahí que se activase el procedimiento de embargo, con la finalidad de costear las repatriaciones y liquidar la deuda salarial contraída.

Alimentos de emergencia

La situación de desabastecimiento obligó a la ITF a acudir al Comité de Bienestar del Marino del puerto. Gracias a la organización Stella Maris, los voluntarios han entregado alimentos y agua potable para que los trabajadores atrapados pudieran subsistir.

El sindicato internacional señala este caso como el reflejo de una problemática estructural de impunidad en los mares, donde las tripulaciones se convierten en las principales víctimas de malas praxis empresariales.

La ITF exige el fin de la impunidad

"Casos como el del Lady Mina se están convirtiendo, lamentablemente, en una realidad demasiado habitual en nuestros puertos", señala en un comunicado Jacqueline Smith, coordinadora del sector marítimo de la ITF.

"Un armador explota un buque hasta el límite, mantiene a la tripulación durante meses sin cobrar, con alimentos racionados y sin posibilidad de regresar a casa. Seis personas siguen atrapadas en un buque que no reúne condiciones para navegar, trabajando para una empresa a la que no le importa si tienen qué comer o si volverán a reunirse con sus familias", resume Smith la situación.

"Ningún marino debería quedar abandonado y depender de ayuda humanitaria simplemente porque un armador se niega a cumplir con sus obligaciones legales. Con una deuda salarial que ya supera los 68.000 dólares, la ITF utilizará todos los medios a su alcance para garantizar el cobro de los salarios de esta tripulación y conseguir que puedan regresar a sus hogares", concluye la coordinadora.

Desde el sindicato internacional recuerdan que la dependencia de la ayuda humanitaria y la caridad no puede ser la solución a un delito empresarial. Las leyes internacionales existen para cumplirlas y la federación utilizará toda la presión legal e institucional para proteger a los marineros.