El arquitecto y experto en urbanismo, Jorge Coderch, asegura que municipios tan importantes de Tenerife como Santa Cruz, La Laguna y Arona tienen un planeamiento completamente obsoleto, lo cual es más grave cuando, desde 2017, solo se han aprobado tres planes generales en Canarias, dos en La Palma (Garafía y Puntallana) y uno en Gran Canaria (Santa Brígida).
Esto le lleva a concluir que “la falta de gestión pública es el mayor fracaso del urbanismo canario”, con un planeamiento paralizado que tendrá consecuencias para las inversiones que llegarán de Europa destinadas a la transición verde y que requerirán de decretos ley para salir adelante, según su criterio.
Durante su intervención en el Ciclo Movilidad, Transporte y Descarbonización, que organiza la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, afirmó que las cifras de los planes parciales y especiales también son escandalosas, con solo 15 aprobados desde 2017, y algunos para “cuestiones insignificantes”.
Coderch no cree que haya que culpar de esta parálisis a la legislación urbanística “pese a que hay cuestiones que corregir”, como la afección que la legislación de Costas, Aeropuerto o Defensa tiene sobre el bloqueo del planeamiento, ya que el diálogo con estas instituciones “es prácticamente imposible”.
Evaluación ambiental
Uno de los problemas principales para la paralización del planeamiento es la evaluación ambiental, que ha sido causa de anulación de planes generales como los de Santa Cruz, El Rosario o Arona.
El arquitecto sostiene que se ha generalizado para el planeamiento urbanístico una legislación que parte de la evaluación ambiental de proyectos, lo que ha supuesto elaborar documentos ambientales que no están en consonancia con el alcance del plan, aumenta las fases de tramitación y el tiempo para su aprobación.
Por ello cree que el órgano ambiental debe pronunciarse sobre el plan en fases iniciales y no al final del proceso como sucede ahora, para que no haya un desfase de años desde el inicio del procedimiento.
Judicialización
Coderch ve “extremadamente importante” la influencia de la Justicia en el planeamiento de Canarias, tanto en la clase política como en la Administración, lo que ha llevado a la anulación de algunos planes por incidencias menores.
Cita ciertos casos de particulares que buscan causas de anulación por causas legítimas o no, como un determinado promotor que prefiera un plan anulado y esperar a que otro consolide una ordenación más favorable a sus intereses. Según el arquitecto los hay que incluso recurren a chantajes o amenazas a personal del ayuntamiento.
Finaliza razonando que la complejidad del urbanismo hace necesario explicar antecedentes, objetivos y razones por las que se hacen las cosas, puesto que informar favorablemente sobre un plan puede conllevar pena de prisión, pero no es así si se informa negativamente o no se hace. Esto tiene una “transcendencia total”, porque para evitar un riesgo potencial de condena se deja el expediente sobre la mesa para no tener que pronunciarse.