Un experto avisa: Canarias puede limitar la compra de vivienda si no discrimina nacionalidades

El Gobierno de Canarias tiene su objetivo claro: quiere limitar la compra de casas a los extranjeros para frenar la presión que vive el mercado ante una demanda descomunal, una oferta cada vez más escasa y unos precios que suben como la espuma. El Ejecutivo considera que la futura ley europea de vivienda asequible ofrece un panorama adecuado para intentarlo.

La pregunta es: ¿qué posibilidades tienen las Islas de poner coto a la compra-venta de inmuebles? Frédéric Mertens, profesor del departamento de Derecho de la Universidad Europea, avisa de que no es imposible siempre y cuando se aplique para todas las nacionalidades —incluidos los españoles que no están empadronados en el Archipiélago—.

Estrategia canaria

“Con lo cual, la estrategia canaria debería ser enfocar criterios que no tengan que ver, de manera directa, pero sobre todo indirecta, con una nacionalidad específica”, sostiene el experto. La clave está —pone sobre la mesa— en no saltarse los tratados comunitarios, donde se prohíbe la discriminación en base al origen entre los 28 países miembros de la UE.

“Ahora, si fuera una medida que afectara a todas las personas no residentes, incluyendo españoles y extracomunitarios, esa medida no sería tan discutible porque no habría discriminación en la ciudadanía”, reflexiona Mertens. De sus palabras emana una conclusión: Canarias puede limitar la compra de viviendas, solo debe hacerlo con cualquier no residente.

Acuerdo europeo

Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, se reunió esta semana con el secretario de Estado de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio de Irlanda, John Cummis, para abordar las medidas aplicadas por ambos ante las dificultades de acceso a una casa. El propósito es que el tema pueda negociarse en el marco de la Ley europea de Vivienda Asequible.

Durante el encuentro con el irlandés, Clavijo aportó un dato que preocupa incluso al Banco de España: los extranjeros adquieren un 30% de las viviendas en las Islas. Añadió, además, que buena parte de esas compras están destinadas a adquirir segundas residencias. El Gobierno autonómico quiere que Bruselas marque limitaciones a estas operaciones.

Zonas tensionadas

Siempre y cuando, eso sí, se haga en zonas “con problemas de acceso a la vivienda para la población residente”. Mertens sostiene que —quizás— una posible limitación a nivel europeo, aunque más bien, dice, aplicado por la administración española, sea poner coto al parque inmobiliario vacacional. “Podría encajar”, exclama el experto.

El profesor del departamento de Derecho de la Universidad Europea resalta que en Canarias existe un problema que también se extiende a otras ciudades del continente como París o Bruselas. “La gente y los inquilinos se van porque el alquiler sube debido a la llegada creciente de gente con mayor poder adquisitivo porque van a trabajar allí”, sostiene.

Presión urbana

“Ciudades que se convierten en centros de negocio, de trabajo o de museos. Es decir, que eso tiene también un impacto sobre el parque inmobiliario, que es cada vez menos asequible y provoca una especie de huida hacia los extremos de la ciudad o incluso de la zona periférica de la propia ciudad”, prosigue.

Mertens considera que en Bruselas el planteamiento respecto a Canarias debería tener en cuenta —dice— el equilibrio entre la necesidad de la población local y la posibilidad de mantener un acceso equilibrado y adecuado a la vivienda.

Acceso equilibrado

“No solo para los residentes, también para la gente que llega a trabajar a las Islas y evitar que tengan que dormir en un coche o no sé dónde durante la temporada de trabajo”, matiza. “Todo esto tienen que contemplarlo a nivel europeo, buscando abrir la puerta a medidas o políticas más específicas, adaptadas a la realidad local”, añade.

“Pero siempre y cuando no se violen los principios fundamentales de la Unión, que son la no discriminación y la igualdad de trato en situaciones iguales”, aclara.

También explica que si hay zonas saturadas a nivel acústico por la cantidad de bares y restaurantes. “Se puede limitar u obligar a las segundas residencias a no estar en una zona determinada para evitar que la gente local tenga que desplazarse”, concluye.