La empresa Zamna, referente internacional en la organización de festivales y eventos de vida nocturna, ha mostrado su “profunda disconformidad” con el Proyecto de Reforma de la Ley Antitabaco, que contempla la prohibición de fumar o vapear en espacios al aire libre. La compañía considera que se trata de una medida “desproporcionada” que pone en riesgo la convivencia social, la cultura y la economía vinculada al turismo en Canarias y en toda España.

“Creemos que es necesario proteger la salud pública, pero no a costa de medidas desproporcionadas en espacios donde no existe un problema real”, afirmó la organización. “Nuestros eventos se celebran al aire libre y no generan riesgos añadidos. Esta prohibición supondrá pérdidas económicas significativas y tendrá un efecto disuasorio en una parte importante de nuestro público, tanto local como turistas internacionales que vienen a disfrutar de la experiencia”.

100.000 asistentes

La promotora recuerda que en 2023 sus festivales reunieron a cerca de 100.000 asistentes en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Tenerife. “La cultura de los festivales se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel. Imponer limitaciones inviables a miles de personas reunidas en un mismo espacio podría generar un caos logístico, con avalanchas de fumadores saliendo de los recintos y congestión en los accesos”, alertó Zamna.

La empresa subraya que resultaría “imposible” gestionar una prohibición de este tipo, ya que ni el personal de seguridad ni la estructura organizativa de los festivales están preparados para controlar a decenas de miles de asistentes con esta restricción. “No se puede trasladar a los promotores la responsabilidad de una medida que no es viable y que, además, no resuelve el problema del tabaquismo en España”, remarcó la compañía.

Miles de empleos

Zamna advierte de que, de salir adelante, la prohibición podría tener un “impacto devastador” sobre la industria cultural y turística: “Estamos hablando de miles de empleos directos e indirectos, de un sector que impulsa la economía y que proyecta la marca España en el mundo. No podemos permitir que una regulación mal planteada destruya un modelo que funciona y que además fomenta la cultura”.

La organización insiste en que el Gobierno debe reconsiderar la medida y buscar una regulación “equilibrada” que proteja la salud pública sin dañar la rentabilidad de los festivales. “Lo que pedimos es una norma sensata, que garantice los objetivos sanitarios pero que también respete la libertad personal y la sostenibilidad económica de una industria clave para Canarias y para el país”.