La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral contra la Compañía Española de Petróleos S.A.U. (Cepsa), su jefa de impuestos y tres funcionarios públicos de la Agencia Tributaria Canaria.
El fiscal Tomás Fernández de Páiz acusa a la petrolera de un presunto fraude sistemático en el pago de impuestos sobre el combustible en las Islas Canarias.
Más de 7,7 millones
Según el escrito de acusación, la responsable del área de Impuestos Indirectos de Cepsa tomó la decisión de liquidar de forma "deliberada y sistemática" el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo con un tipo impositivo incorrecto.
Entre los años 2016 y 2021, la compañía declaró el gasóleo importado como "fuelóleo", pagando apenas 0,56 euros por tonelada métrica en lugar de los 222 euros por cada 1.000 litros que corresponden legalmente al gasóleo. Esta maniobra habría causado un perjuicio al erario público canario de 7.773.298,38 euros, sostiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.
Desglose y chivatazo
Las liquidaciones analizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria arrojan un posible fraude en impuestos de 781.295,50 euros en 2016; de 404.134,82 euros en 2017; de 1.443.675,30 euros en 2018; de 2.359.398,78 euros en 2019; de 1.582.436,35 euros en 2020, y de 1.202.359,52 euros hasta octubre de 2021.
Lo curioso de la trama es que también afecta a la Agencia Tributaria Canaria, pues el fiscal acusa a tres altos cargos de omisión del deber de perseguir delitos.
Una empresa del sector, Maxoinversiones, denunció los hechos en 2019, 2020 y 2021, pero los funcionarios no adoptaron medidas legales oportunas durante más de 28 meses. Solo actuaron cuando tuvieron constancia oficial de que la Fiscalía estaba investigando el caso. Entre los acusados hay jefes de inspección y subdirectores de tributos.
Prisión y disolución de la empresa
La gravedad de los hechos y la reiteración delictiva durante cinco años motiva la solicitud de elevadas penas de cárcel, sanciones e indemnizaciones.
Una de las más perjudicadas es la propia empresa. Cepsa se enfrenta a multas que superan los 13 millones de euros en total, la disolución de la persona jurídica y la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante varios años.
La Fiscalía también solicita multas millonarias y penas que suman 28 años de prisión para la directiva implicada en la evasión de los impuestos (tres años por un delito contra la Hacienda Pública en 2017 y cinco años por cada uno de los cinco delitos agravados de los años restantes).
En cambio, los funcionarios se exponen a la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años.
Cambio de nombre
En concepto de responsabilidad civil, Cepsa y su jefa de impuestos indirectos deberán indemnizar a la Agencia Tributaria Canaria con 7.773.298.38 euros, cantidad que se corresponde con las liquidaciones devengadas y no ingresadas por el gasóleo.
El combustible era importado a Canarias a través de la filial Petrocan, con sede en el Puerto de Las Palmas. Cepsa se llama ahora Moeve, un cambio que está enfocado a la gestión de energías más sostenibles.
El fiscal deja claro en su acusación que el cambio de nombre no afecta a la disolución de su persona jurídica, es decir, a la extinción si finalmente resulta condenada por ese motivo.