Las cinco horas de Vicente Boluda en los juzgados de Las Palma de Gran Canaria dejan también un buen puñado de conversaciones para la intrahistoria de Gran Canaria. Entre ellas las del propio Boluda con sus abogados, que aprovechó los ratos muertos del juicio para comunicar a los suyos el malestar con Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Morales no sólo ha cuestionado públicamente la alianza de Boluda con Marsa Marroc, que es la empresa estatal marroquí de gestión portuaria. También ha enviado una carta la Gobierno de España para que analice y controle la operación, con la finalidad de "condicionar" o "desautorizar" la compra del 45 % de las acciones de la empresa española.

En petit comité

La cruzada política para frenar desde Gran Canaria la entrada de capital marroquí en la naviera ha enfadado a Boluda, que criticó a Morales por su desconocimiento del sector marítimo, dando a entender a los suyos que era un incordio y que no tenía "ni idea".

Lo hizo en privado, con sus abogados, antes de comenzar la vista por la querrella del jefe jurídico de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde, que le pide dos años de cárcel y 25.000 euros por dañar su prestigio profesional al falsear una denuncia contra la cúpula del sistema portuario nacional. La Fiscalía, en cambio, reclama la absolución del empresario al no apreciar delito en la prueba practicada.

La ofensiva de Morales, que ha causado revuelo entre las patronales y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, llega en un momento clave para el naviero, cuya apuesta de futuro va más mucho más allá de la alianza con Marruecos para gestionar sus terminales de contenedores.

Acuerdo con MSC

Boluda Towage y Mediterranean Shipping Company (MSC) han creado Boluda Towage Holding, una nueva sociedad conjunta que está valorada en más de 2.000 millones de euros y tiene su sede en Luxemburgo, según avanza el digital Infopuertos. Su objetivo es agrupar los negocios de remolque portuario de Boluda y MSC e integrar sus actividades y flotas.

Se trata de un movimiento estratégico que pone encima del tablero marítimo una división de remolcadores con más de 700 barcos, los cuales prestan un servicio esencial en los puertos y son fundamentales para garantizar las cadenas de suministro, sobre todo ahora que la incertidumbre gobierna la geopolítica del mundo.

Alianza estratégica

MSC es líder en el transporte internacional de contenedores y, al igual que Boluda, opera en Canarias, en su caso a través de Opcsa, empresa que explota la terminal de transbordo de contenedores del Puerto de Las Palmas.

El gigante italosuizo cuenta también con una potente división de cruceros, baraja entrar en el sector de los grandes petroleros y ha potenciado tanto sus terminales de contenedores como la logística por tierra.

TiL, una de sus filiales, tiene adjudicada la nueva terminal de contenedores de Valencia, además de un acuerdo con Marsa Maroc para explotar de manera la de Nador en su lado Este, un puerto que está en construcción y que Marruecos espera poner en marcha a finales de 2026, revolucionado las operaciones de estiba y desestiba en el Mediterráneo.

Marsa Maroc, por tanto, no sólo se convierte en socia de MSC en Marruecos, sino de Boluda en España, que, a su vez, pone toda su división de remolcadores al servicio del líder mundial de los contenedores, una alianza estratégica a tres bandas en la que Canarias, por ahora, tiene poco que hacer y decir, pues los intereses en juego superan con creces la visión a corto plazo e insularista que hace Morales del contexto marítimo actual.

Perjuicio para Las Palmas

Con todo, el presidente del Cabildo no se arredra en su crítica. Morales sostiene que el Puerto de Las Palmas es una infraestructura crítica para el Estado. Permitir que una empresa controlada por el Gobierno de Marruecos gestione las terminales supone, a su juicio, ceder el control de la puerta de entrada a Canarias.

También teme que Marsa Maroc, una vez dentro del accionariado de Boluda, priorice el puerto de Dajla (Sáhara Occidental) en detrimento de Gran Canaria, moviendo las rutas de transbordo hacia territorio marroquí, lo que restaría tráficos a Las Palmas.

Tampoco que ve con buenos ojos que una empresa pública extranjera, con subvención estatal, compita en igualdad de condiciones con operadores locales que no cuentan con ese respaldo financiero, y recuerda que las relaciones con Marruecos son volátiles, por lo que cualquier cambio o inconveniente podría poner en riesgo el suministro y la economía del archipiélago.

Por todo ello pide al Gobierno de España que aplique la misma contundencia que en otros sectores estratégicos, como la energía o las telecomunicaciones, para evitar que centros de decisión clave salgan de control europeo.