La Fundación Puertos de Las Palmas (FPLP) ha cancelado la junta general extraordinaria que estaba convocada para este viernes con el objetivo de aprobar las cuentas anuales. 

La suspensión ha sido comunicada a los miembros del Patronato sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la misma. Todo indica que la dirección ha tomado esta decisión por la falta del quórum mínimo necesario para proceder a la votación, tras constatar la preocupación existente por las graves irregularidades de la auditoría realizada por Puertos del Estado.

Este contratiempo supone el segundo retraso consecutivo en el calendario de validación contable de la entidad, que se encuentra sujeta a la normativa estatal que fija el 30 de junio como plazo máximo para la formulación y aprobación de las cuentas en las fundaciones del sector público. Al suspenderse la cita, la institución agota el margen legal para eludir el incumplimiento normativo.

Responsabilidad y contratos menores

Detrás del recelo de los vocales —tanto del sector público como del privado— están las conclusiones del informe definitivo de la auditoría interna de Puertos del Estado.

Al tratarse de un órgano colegiado, los miembros del Patronato —donde se sientan instituciones como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad, Capitanía Marítima o la Armada, junto a empresas privadas como Astican, Boluda o Hamilton— podrían incurrir en responsabilidades patrimoniales si avalan las cuentas de 2025 sin aclaraciones previas.

El informe definitivo de fiscalización, de hecho, recomienda la disolución de la Fundación por los inconvenientes para privatizarla, y entre las anomalías encontradas destaca el nombramiento irregular de su nueva gerente, Betsabé Morales, que fue contratada a dedo tras indemnizar con más de 120.000 euros a la anterior responsable de la entidad. Ese gasto es uno de los puntos controvertidos en las cuentas que se han dejado sobre la mesa.

Otras anomalías son el conflicto de intereses con la empresa para la que trabajaba la gerente, el fraccionamiento de contratos, la adjudicación de servicios a personas afines y el elevado gasto en patrocinios ajenos a la actividad portuaria.

Crisis profunda

La cancelación de la junta del viernes debilita la hoja de ruta de la presidenta de la Autoridad Portuaria y de la Fundación, Beatriz Calzada, que preveía mantener una reunión con Puertos del Estado para aclarar el alcance del informe antes de someter las cuentas a votación.

El bloqueo en el Patronato y las dudas del sector privado sobre su continuidad sitúan a la entidad ante el vencimiento del plazo legal de junio. De no aprobarse los balances, Puertos del Estado cuenta con el respaldo administrativo para reactivar la propuesta central de su auditoría: proceder a la disolución forzosa y liquidación inmediata de la Fundación Puertos de Las Palmas de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.