En una decisión de última hora antes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), la presidenta Beatriz Calzada ha optado por retirar del orden del día el punto relativo al desahucio administrativo de la Demarcación de Costas de Canarias.
La decisión se produce por "respeto" al acuerdo alcanzado con los responsables del organismo estatal, cuyos responsables en Madrid se han comprometido formalmente a buscar un nuevo espacio para trasladar a su plantilla, explica Calzada.
Un respeto institucional que evita el choque insólito entre dos organismos estatales a la gresca por 677 metros cuadrados, según la propuesta elaborada por la APLP para iniciar el desalojo de la cuarta planta de su sede.
Incumplimiento previo
Calzada, tras la reunión con los consejeros, ha aclarado que la propuesta de desahucio no fue arbitraria, sino consecuencia de un cambio de postura por parte de Costas.
Según la presidenta, el organismo estatal se había comprometido hace un año a abandonar las instalaciones que ocupa en la cuarta planta del edificio de la APLP, pero el reciente cambio de opinión de sus responsables motivó el procedimiento administrativo para recuperar el espacio.
Necesidad de espacio
El objetivo de la Autoridad Portuaria sigue siendo la recuperación de los 677 metros cuadrados que ocupa la Demarcación. La intención de Calzada es finalizar la rehabilitación de la cuarta planta y destinarla a nuevas oficinas para los trabajadores de la APLP.
El proyecto de rehabilitación comenzó el mandato pasado con la salida de Salvamento Marítimo, que se integró en Capitanía, y está pendiente ahora de la parte ocupada por Costas.
Calzada no especificó qué servicios concretos se pondrán en la cuarta planta, pero sí dejo claro que "no será para un gimnasio ni una sala noble".
Fuerteventura y el Muelle Deportivo
A pesar de la tregua con el Estado, la APLP mantiene su política de firmeza en otros frentes de dominio público, como Puerto del Rosario, donde se sigue con el desahucio de la entidad IR Maxoinversiones SL, que afecta a una unidad de suministro de combustible y edificio de servicios en Fuerteventura.
El Consejo de Administración también ratificó la recuperación de los puestos de amarre de las embarcaciones Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario, todas en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Con estas nuevas órdenes de desalojo, la cifra total de barcos vivienda afectados por la política de regularización de la Autoridad Portuaria asciende ya a 34, consolidando un plan de reordenación de la Dársena de Embarcaciones Menores que no parece tener marcha atrás y que dependerá de lo que decidan los jueces.