El Gobierno de Canarias ha advertido este miércoles del grave riesgo al que se enfrentan los propietarios de viviendas turísticas en el Archipiélago. Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, de los 415.000 números de registros de arrendamientos existentes a nivel nacional, apenas 27.700 han completado el depósito requerido. La nueva orden ministerial exige finalizar este trámite antes del 2 de marzo; de lo contrario, se ejecutará una baja automática y los afectados deberán asumir un nuevo coste económico para volver a operar.
Ante esta situación técnica y administrativa, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha solicitado formalmente la derogación del registro único de alquileres al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez. La representante autonómica argumenta que esta herramienta del Estado es ineficaz, invade competencias autonómicas y genera una profunda inseguridad jurídica al crear una dualidad de registros para un mismo inmueble.
Choque normativo estatal
El desencuentro institucional radica en que las viviendas consideradas legales por el Gobierno autonómico resultan ilegales para los ministerios estatales, impidiendo su comercialización. Por ello, la Consejería ha elevado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto. El Ejecutivo canario sostiene que la inscripción obligatoria entra en contradicción con la Ley Hipotecaria y recuerda que la propia Comisión Europea rechaza la norma española por apartarse del Reglamento Europeo, que es de aplicación directa.
Durante la reciente Conferencia Sectorial de Turismo en Madrid, Canarias denunció que todavía no ha podido conectarse a la ventanilla única digital del Estado por las severas dificultades técnicas que presenta el sistema. Este bloqueo burocrático amenaza especialmente a los propietarios de las denominadas islas verdes, quienes corren el riesgo de quedar fuera de las principales plataformas de comercialización turística de forma inminente ante la imposibilidad de culminar la exigencia ministerial en plazo.
Fondos y conectividad
En el encuentro sectorial, al que también acudió el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, se abordó la gestión de los fondos europeos Next Generation. La consejera lamentó que la reunión llega tras más de dos años sin convocatorias y responde a una reacción tardía ante el riesgo de perder esta financiación por la falta de coordinación del Ministerio, asegurando que la propuesta de flexibilización estatal no mejorará la ejecución real.
Para finalizar su intervención institucional, De León censuró la carencia de inversiones estatales destinadas a infraestructuras de transporte y conectividad en el Archipiélago. La consejera exigió al Ejecutivo central el estricto cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), reclamando que los Presupuestos Generales del Estado recuperen la partida específica para infraestructuras turísticas que fue eliminada durante el ejercicio de 2023.