Las viviendas vacacionales representan en La Laguna alrededor del 1,4% del parque total de viviendas, una cifra muy inferior al límite máximo del 10% fijado por la nueva ley canaria de vivienda vacacional aprobada en 2025, según informa a Atlántico Hoy la Gerencia de Urbanismo. Actualmente, no se pueden registrar nuevas viviendas vacacionales.
El Ayuntamiento ha establecido, a propuesta de Drago Verdes Canarias, una moratoria de cinco años para nuevas licencias de alquiler vacacional, una medida que refuerza el marco establecido por la normativa autonómica, que dicta que también ha congelado por un lustro la asjudicación de nuevas licencias para viviendas que no cuenten con una cédula urbanística favorable.
La ley canaria establece que el 90% de las viviendas deben ser residenciales, permitiendo un 10% para uso vacacional, salvo en las islas menos pobladas, donde el cupo es del 20%. Este porcentaje tiene que estar recogido previamente en un Plan General de Ordenación (PGO). "Con la nueva ley, puede pasar que, en La Laguna, aumente el número de viviendas vacacionales", apuntan desde Urbanismo.
Comprobación y control
El grupo proponente de la moción, argumenta que la normativa municipal que permitía otorgar licencias quedó obsoleta tras la entrada en vigor de la nueva ley y que, hasta la moratoria, se estaban concediendo las licencias "en base a la Instrucción Interpretativa de 10 de diciembre de 2019, un instrumento legal que se ampara en un vacío legal y que aplica un criterio de compatibilidad muy laxo entre el uso residencial y el turístico".
Ahora, el plan general municipal tiene "un margen de cinco años para establecer las zonas específicas donde se permitirá el alquiler vacacional", dice Urbanismo.
Declaración responsable
La ley también permite que las viviendas que presentaron declaración responsable puedan formalizar una declaración de uso consolidado en un plazo de cinco años, y las que no lo hicieron pueden explotar durante ese mismo periodo. Esta habilitación corresponde al Cabildo.
Además, el consistorio lagunero "está trabajando en un plan de comprobación y control, tal como lo exige la ley, para verificar las viviendas existentes. Se espera que la Consejería del Gobierno de Canarias remita en un plazo máximo de dos meses la relación completa de viviendas registradas a todos los ayuntamientos".