La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha celebrado que esta semana el Parlamento autonómico apruebe la Ley de Vivienda Vacacional. Una norma que, según la propia consejera, establece cuestiones que "Canarias necesita con urgencia", entre ellas la paralización de nuevas licencias durante cinco años.
De León ha explicado ante los medios en un foro de Canarias 7 que la nueva ley es fruto de "un proceso de más de dos años de trabajo articulando propuestas de distintos sectores", y que su objetivo principal es permitir que los ayuntamientos decidan "cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales quieren" en su municipio, garantizando siempre que estas decisiones "no afecten la calidad de vida de los residentes".
Emergencia
La consejera defendió que, ante los altos precios de los alquileres y la situación de "emergencia habitacional" en Canarias, la vivienda debe cumplir su función social. Por ello, sólo un porcentaje máximo de un 10% podrá destinarse a alquiler vacacional, un límite que, según De León, marca "el gran avance que plantea Canarias con respecto al resto de comunidades autónomas".
Entre otras medidas, la ley prohíbe que edificios enteros se destinen al alquiler vacacional, una decisión que la consejera considera "fundamental para preservar el suelo residencial y evitar la tercerización".
Equilibrio
La norma busca un equilibrio entre la actividad económica turística y el derecho a la vivienda, teniendo en cuenta la "capacidad de carga" de los municipios y asegurando que la industria turística "esté al servicio del bienestar del residente".
De León subrayó que la ley pretende garantizar que cada municipio defina su propio modelo de vivienda vacacional, priorizando siempre la función social de la vivienda y la calidad de vida de sus ciudadanos.