Los hijos de Santiago Santana Cazorla han solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria la anulación del proceso de subasta iniciado para vender el 50 % de las acciones que Grupo Santana Cazorla posee en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts, propietarias de los complejos turísticos Anfi del Mar y Anfi Tauro, en el sur de Gran Canaria.

La subasta fue autorizada el pasado seis de febrero por el magistrado Carlos Vielba, a petición de PKF Attest, que es el administrador concursal de Grupo Santana Cazorla.

Anomalías

El auto judicial fija el precio de salida de la puja en ocho millones de euros. Esa cantidad es la ofrecida por una filial de Lopesan para hacerse con esos activos, una propuesta basada en un informe reciente de KPMG al que no ha tenido acceso Grupo Santana Cazarlo para refutarlo, entre otras supuestas anomalías planteadas al juzgado.

"Se pretende que no se presente oferta alguna y se adjudique a uno de los principales competidores de la concursada el mayor activo del concurso por un precio escandalosamente inferior al valor que tiene en inventario y al real valor del mismo", recoge el recurso de reposición.

Argumentos

La impugnación consta de 25 páginas y fue presentada el pasado 17 de febrero, pero carece de efectos suspensivos sobre la subasta y aún no ha sido resuelto por el juzgado.

Lo mismo ocurre con cuatro cuestiones de "prejudicialidad civil", esto es, que deberían resolverse antes de la venta de los activos por los posibles perjuicios a los accionistas afectados.

Demandas

Entre ellas destaca una demanda de recusación presentada el pasado 8 de noviembre contra el actual administrador concursal, que "ni siquiera se ha tramitado" pese a ser bastante anterior a la activación de la presente subasta.

También están sin resolver varios incidentes de impugnación del inventario de bienes y derechos de Grupo Santana Cazorla, el cual es necesario para establecer el valor que ha de darse en el presente concurso a las participaciones sociales de Anfi Sales y Anfi Resort, así como otras demandas contra estas últimas dos empresas y Hermanos Santana Cazorla.

Este último pleito está relacionado con la titularidad de las acciones que el juzgado quiere vender ahora en la subasta. Por eso los abogados de los hijos de Santiago Santana Cazorla, que acusan a su tío Manuel de regalar a Lopesan la gestión de Grupo Anfi tras comprar éste la mitad del negocio a la familia Lyng, consideran "temerario" la venta de esas participaciones.

Malvender

Los recurrentes no sólo reprochan al administrador que pretenda "malvender" el activo principal de la concursada por un "importe muy inferior a la valoración que se dio en inventario y a la que consta en otros procedimientos judiciales", sino que cargan contra la tramitación de la subasta.

Sostienen que el proceso "no ofrece garantías suficientes" y "no facilita la transparencia y concurrencia por parte de un tercero".

Por eso denuncian una "opacidad" que viene determinada por la "escueta información ofrecida", con la "omisión de cuestiones indispensables", como es la descripción de los activos o el carácter litigioso de los mismos, además de dar por buena la oferta de 8 millones de Lopesan, que se basa en un informe particular vinculado a una documentación contable no compartida con el resto de accionistas.

Prisas

Los afectados recuerdan que el concurso de acreedores está aún en su fase común, no en proceso de liquidación. La venta de bienes en este momento, por tanto, debe de ser excepcional, además de autorizada por la junta de accionistas debido a su importancia. "Lo propuesto es totalmente desproporcionado respecto de los créditos contra la masa que se dicen devengados", destacan.

Es más. Podría haberse acordado la subasta de uno de los paquetes, incluso de una parte solo, pero se ha optado por las acciones de las dos compañías, que constituyen el activo más valioso de Grupo Santana Cazorla.

Desaparición

Esa decisión resta credibilidad a la futura propuesta de convenio, "abocando a la concursada a desaparecer porque es claro que no va a obtener en un futuro las adhesiones necesarias", agregan.

Los perjudicados consideran que el anuncio publicado en la prensa para darle publicidad a la subasta también adolece de irregularidades, pues no recoge las normas o requisitos establecidos por el juez para autorizar la venta.

Baile de fechas

El anuncio salió el día 8 de febrero, dos días después del auto. Tres semanas antes, sin existir aún esa autorización judicial, se publicó en el mismo periódico de tirada nacional el controvertido inicio del proceso de concurrencia, que quedó sin efecto y se volvió a activar tras la resolución del juez.

Por todo ello reclaman dejar sin efecto la subasta y, en el peor de los casos, que se vuelva a iniciar el procedimiento con todas las garantías legales, entre ellas el acceso a la documentación contable del informe de KPGM.

Condiciones de la puja

La consultora sitúa el valor de las elecciones entre 7 y 15 millones. Lopesan ofrece 8 y el juez establece que ese es el precio mínimo garantizado.

Los pujas deben superar en un millón de euros ese importe, al tiempo que la filial de Lopesan tiene derecho de tanteo para mejor la propuesta ganadora.