Después de semanas de debate, este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo del Cabildo de Tenerife para cesar su histórica actividad económica de elaboración y venta de vino en la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo. Un documento que detalla todos los argumentos que justifican el cese.

El expediente recoge los informes técnicos y jurídicos que avalan la decisión del Pleno del Cabildo, tomada el pasado 27 de junio. En ellos, se sostiene que la intervención pública ya no tiene justificación, ni desde el punto de vista social, ni desde el legal.

“Se evidencia el decaimiento de la necesidad pública que justificó la intervención de esta Corporación en el sector vitivinícola comarcal e insular”, concluye el informe del Servicio Técnico de Calidad y Valorización Agroalimentaria, fechado el 8 de mayo de 2025.

De emergencia agrícola a modelo consolidado

El Cabildo puso en marcha esta actividad en 1990 para evitar el abandono del cultivo de la vid en la comarca. Lo hizo mediante la creación de la sociedad mixta Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA), que gestionó desde entonces la Bodega Insular de Tacoronte.

Según el informe técnico ahora publicado, esa motivación ya no existe: “Este objetivo se encuentra cumplido, por los siguientes motivos: consolidación del sector vitivinícola comarcal e insular, con un aumento significativo del número de operadores y bodegas privadas registradas; profesionalización del tejido empresarial vitivinícola, tanto en producción de uva, elaboración de vino como en su comercialización; y existencia de una infraestructura comercial y de distribución sólida”.

Los datos acompañan esta valoración. En 1989 había 167 explotaciones vitícolas registradas; en 2025, la cifra asciende a 1.138. Este incremento supone una subida del 581%. En cuanto al número de bodegas, se ha pasado de 10 a 31. El documento también señala que los vinos embotellados con garantía de origen son hoy mayoritarios y que las elaboraciones procedentes de la comarca han recibido “elevadas puntuaciones en guías nacionales e internacionales, así como numerosos premios otorgados en los certámenes más prestigiosos”.

Incompatibilidad con el marco legal actual

El informe del Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca, también fechado el 8 de mayo, añade la dimensión jurídica al argumento técnico. Recuerda que la continuidad de la actividad pública entra en conflicto con la legislación vigente, en particular con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley de Contratos del Sector Público.

“El ejercicio de dicha actividad por parte de esta Corporación parece confrontar con los principios y requisitos exigidos en el marco normativo actual”, sostiene el informe. “A día de hoy, este objetivo [de intervención pública] se encuentra cumplido, (...) por tanto, no continúan vigentes las circunstancias que justificaron la necesidad de que el Cabildo de Tenerife realizara la actividad económica de elaboración, embotellado y venta de vino en Tenerife”.

Los servicios jurídicos añaden que mantener la gestión directa de una bodega insular no cumpliría con las exigencias de sostenibilidad financiera ni con el principio de neutralidad en la competencia: “La iniciativa no puede generar riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda del ente local (…) El marco regulador de la actividad debe garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal entre los operadores económicos”.

Contexto europeo y cambio de modelo

Estas conclusiones llegan tras años de presión del sector privado y una denuncia ante la Comisión Europea que ponía en cuestión la legalidad de las ayudas públicas al vino gestionado por el Cabildo. Según informó ElDiario.es, la Comisión habría abierto un expediente de infracción, lo que aceleró el proceso de retirada institucional.

Tras la no renovación del contrato con BITSA —que venció el 31 de diciembre de 2023—, el Cabildo abrió un concurso público para arrendar la bodega. La propia BITSA resultó adjudicataria como empresa privada, por un canon anual de 94.021 euros. La intención del grupo de gobierno es también vender el 45,66 % de acciones que el Cabildo aún mantiene en la sociedad, preferentemente a viticultores, según adelantó Planeta Canario.

Un cierre con división política

El Grupo Socialista presentó una enmienda a la totalidad del expediente, solicitando abrir uno nuevo que permitiera redefinir la fórmula de gestión, sin cerrar la puerta a la intervención pública. La enmienda fue rechazada, y la propuesta de cese se aprobó por mayoría, con el voto favorable de Coalición Canaria, el Partido Popular y el Grupo Mixto.

El expediente publicado aclara que tres consejeros insulares se abstuvieron por su condición de miembros del consejo de administración de BITSA. El secretario del Pleno aclaró que no existía impedimento legal para que participaran en la votación, pero que su decisión de ausentarse respondía a “un principio de lealtad”.