En el nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda, Canarias recibiría más financiación en términos absolutos y más recursos por habitante ajustado, según la simulación realizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Este incremento es positivo desde el punto de vista de los recursos totales, pero, en comparación con el sistema actual, la propuesta implica una pérdida de posición relativa de Canarias en el ranking de financiación por habitante ajustado, una evolución que también se observa en otras comunidades que parten de niveles elevados de financiación relativa.

El análisis, elaborado por el presidente de FEDEA, Ángel de la Fuente, ofrece un primer acercamiento a cómo quedaría el reparto de recursos con el nuevo sistema, utilizando como base datos de 2023, el último ejercicio liquidado disponible en el momento del estudio.

Ni gran perdedora ni ganadora

El informe no sitúa a Canarias entre las grandes perdedoras de la reforma, pero tampoco entre las principales ganadoras. De hecho, aunque defiende la necesidad de un nuevo modelo que corrija disfunciones del sistema vigente, el documento señala varias deficiencias en la propuesta, entre ellas la introducción de criterios ad hoc diseñados para incrementar la financiación de determinados territorios.

FEDEA no afirma que estos mecanismos perjudiquen específicamente a Canarias, pero sí cuestiona su coherencia con un diseño sistemático del modelo y advierte de que este tipo de ajustes específicos distorsionan la lógica general del sistema de financiación autonómica.

Caída en el índice de financiación ajustada

En términos concretos, el análisis señala que con el sistema propuesto Canarias empeoraría su posición relativa: su índice de financiación por habitante ajustado pasaría de 110,1 en el modelo actual a 106,8 con la reforma, lo que supone una pérdida de 3,3 puntos en el ranking autonómico.

Aun así, el Archipiélago seguiría situado por encima de la media estatal, aunque con una ventaja comparativa menor, ya que otras comunidades mejorarían más su posición relativa en el reparto de recursos.

Incremento por habitante por debajo de otras comunidades

El informe también certifica las diferencias en la financiación por habitante ajustado que resultan del nuevo sistema. En el caso de Canarias, la financiación efectiva se situaría en torno a 3.983 euros por habitante ajustado, con un incremento inferior al registrado en otras comunidades.

Según la simulación de FEDEA, el aumento para Canarias sería de unos 205 euros por habitante ajustado, mientras que en el caso de Cataluña el incremento alcanzaría los 507 euros. El informe contextualiza esta diferencia en el mayor peso relativo de Cataluña en la aportación global al sistema de financiación.

Ordinalidad y fondos específicos

FEDEA señala que una parte del diseño propuesto respeta el principio de ordinalidad, de modo que las comunidades con mayor capacidad fiscal no se vean penalizadas por los mecanismos de solidaridad y mantengan su posición relativa tras la redistribución.

No obstante, el informe advierte de que se incorporan instrumentos que alteran ese esquema general, como el Fondo de Cambio Climático, dotado con 1.000 millones de euros, de los que Canarias recibiría 35 millones, según la simulación incluida en el estudio.

Financiación total y debate político

Con los cálculos realizados a partir de los datos de 2023 y tras aplicar todos los mecanismos de redistribución previstos —nivelación horizontal y vertical, Fondo Climático, transferencia vinculada al IVA de pymes y compensaciones—, Canarias recibiría un total de 8.904 millones de euros de financiación efectiva. Esta cifra incluye tanto su capacidad tributaria como las transferencias redistributivas destinadas a corregir desigualdades territoriales.

Al margen del análisis técnico de FEDEA, tras la presentación del nuevo modelo por parte del Ministerio, desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se manifestó que el Archipiélago no estaría recibiendo los recursos que le corresponderían. El argumento fue que, si el incremento global ascendía a 21.000 millones de euros, a Canarias le correspondería una cantidad superior a los 1.000 millones en proporción a su peso poblacional, cercano al 5%. Sin embargo, el aumento anunciado para la comunidad se situó en 611 millones de euros, una diferencia que alimentó el debate político posterior. De hecho, el Gobierno de Canarias se plantea acudir a los tribunales si la propuesta se mantiene tal y como la presentada por el ministerio.