La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el juicio que tenía señalado para este miércoles contra un antiguo funcionario de la Dirección General de la Marina Mercante y un particular por falsear títulos náuticos en la Capitanía Marítima de Las Palmas.
El funcionario, que ya está jubilado, forzó la suspensión de la vista oral porque renunció a su abogado en el último momento: quería presentar un nuevo escrito de defensa y su letrado no estaba conforme, manifestó a la sala.
Excusas para no ser juzgado
El presidente del tribunal, Pedro Herrera, calificó su explicación de "pobre, peregrina y genérica", pero accedió al aplazamiento porque es el primero que se produce. Eso sí: emplazó al acusado a volver con las cosas claras porque no se van a permitir más retrasos.
Y es que la Sección Primera no tiene fechas disponibles a corto plazo. Eso podría retrasar hasta un año la celebración de la vista oral si no se produce una reestructuración de la agenda de última hora.
Los hechos, además, son de 2019, por lo que el jubilado ha tenido tiempo de sobra para preparar su defensa. Finalmente ha optado porque se le asigne uno de oficio.
Trama de falsificación
Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Las Palmas, F. J. G. C. y F. P. B. se confabularon para que el segundo obtuviera de forma ilícita los títulos de Patrón Mayor de Cabotaje y Patrón de Altura.
Ambos acusados aprovecharon que F. J. G. C tenía acceso a la plataforma informática Titulaciones Profesionales de la Capitanía Marítima de Las Palmas por su condición de funcionario de La Marina Mercante, añade el ministerio público.
El caso fue denunciado a la Fiscalía por la propia Capitanía. El empleado público está en la actualidad jubilado y en su momento fue apartado del puesto.
Títulos a la carta
La operación se fraguó el 20 de diciembre de 2019. En una sola jornada, F. J. G. C. realizó las siguientes maniobras desde la intranet de la Marina Mercante: por la mañana grabó la solicitud y expidió la Tarjeta Profesional de Patrón Mayor de Cabotaje y por la tarde tramitó la revalidación de dicho título y, acto seguido, expidió también el título de Patrón de Altura a nombre de F. P. B.
El beneficiado carecía por completo de los requisitos para obtenerlos, sostiene el fiscal.
Penas solicitadas
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial. Por ello, solicita para cada uno de los acusados las siguientes penas: cuatro años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.
En el proceso, F. J. G. C. figura como autor directo del delito, mientras que F. P. B. es señalado como cooperador necesario al haber facilitado su información personal para la expedición fraudulenta de los carnés.
Tras la renuncia del abogado del funcionario, la Audiencia deberá señalar una nueva fecha una vez se formalice la nueva asistencia jurídica.