La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite el rechazo de las organizaciones profesionales de pesca canarias y de la flota de pequeña escala nacional a la implantación de la eólica marina.
El sector pesquero denuncia posibles incumplimientos del Derecho de la Unión Europea y advierte de que estos proyectos pueden afectar directamente a la pesca profesional, al medio marino y al modelo de vida de muchas comunidades costeras.
Un paso para el sector
Según han informado Miracanarias, ANARME, las cooperativas Pescatobal y Pescarestinga, la Plataforma por el Mar Canario y el Sindicato Nacional del Mar, esta decisión supone un reconocimiento formal de que los hechos denunciados entran dentro del ámbito europeo.
Las organizaciones subrayan que, a partir de ahora, se activan los mecanismos de control institucional europeos sobre actuaciones que afectan al sector.
"No es un simple trámite"
Las entidades pesqueras insisten en que esta admisión “no es un mero trámite administrativo”, sino un paso relevante que obliga a la Comisión Europea a analizar el fondo del asunto.
Ese examen podría derivar en actuaciones para comprobar si las autoridades competentes están cumpliendo correctamente la normativa comunitaria.
Preocupación en la pesca artesanal
El sector advierte de que las medidas cuestionadas pueden alterar el equilibrio jurídico de la pesca, especialmente para la flota de artes menores y los armadores de bajura.
Por ello, piden que cualquier regulación o imposición técnica respete principios como la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la Política Pesquera Común.
Desde Canarias a Europa
Las organizaciones recuerdan que la iniciativa surge en Canarias, donde la pesca artesanal tiene un peso social, económico y cultural muy importante.
Sin embargo, explican que el problema afecta al conjunto del Estado, por lo que la petición tiene también una dimensión nacional y puede tener impacto en el marco europeo.
Nuevas acciones sobre la mesa
El presidente de Miracanarias y de ANARME, Airam Mederos, señala que el sector seguirá impulsando todas las acciones necesarias, tanto en Europa como en España, para defender sus intereses.
Además, las organizaciones no descartan nuevas actuaciones en el ámbito jurídico e institucional para garantizar la protección efectiva de la pesca profesional.