El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una moción consecuencia de interpelación urgente promovida por la diputada canaria Cristina Valido (Coalición Canaria), del Grupo Mixto, para instar al Gobierno de España a realizar un estudio sobre el impacto económico del empaquetado genérico de productos del tabaco en Canarias.
La propuesta salió adelante con 317 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención, tras la incorporación de una enmienda del PSOE y Sumar que matizó el alcance de la iniciativa, enfocándola en un análisis riguroso del impacto económico antes de adoptar medidas regulatorias.
Vox, en contra
La votación puso de manifiesto un amplio consenso parlamentario, con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular, el PSOE, Sumar y otros grupos minoritarios, mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra del texto transaccionado.

El empaquetado genérico del tabaco —que elimina logos y colores distintivos de las marcas— es una medida que ya se aplica en países como Australia o Francia y que, según sus defensores, busca reducir el atractivo de los productos entre los jóvenes y mejorar la salud pública. Sin embargo, en territorios como Canarias, con una economía altamente dependiente del comercio y el tránsito de estos productos, la medida genera inquietudes sobre su posible repercusión en 4.000 empleos y la actividad económica.
Singularidad canaria
Cristina Valido defendió que “no se puede aplicar la misma receta en todo el territorio nacional sin tener en cuenta la singularidad canaria”, haciendo alusión a las especificidades fiscales y comerciales del Archipiélago.
Con esta moción, el Congreso no obliga al Gobierno a adoptar una decisión inmediata, pero sí marca una posición institucional clara a favor de evaluar con datos objetivos el posible impacto de esta medida sanitaria en el tejido económico de Canarias.
Competenciay la ciencia
La aprobación de la moción llegó pocas horas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya solicitado al Gobierno que justifique con pruebas científicas las medidas más polémicas del anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad, especialmente aquellas que afectan a productos como cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y tabaco de liar. Entre las propuestas figuran la prohibición de sabores y aromatizantes, así como la implantación de un etiquetado genérico.
Aunque la CNMC respalda el objetivo de proteger la salud pública y prevenir el tabaquismo, advierte que las restricciones podrían vulnerar la libertad de empresa y alterar la competencia si no se basan en evidencias sólidas y contrastadas. Por ello, insiste en que cualquier intervención debe estar respaldada por datos objetivos que avalen su necesidad y eficacia.