Imagen de una persona realizando un trámite administrativo / CANVA
Imagen de una persona realizando un trámite administrativo / CANVA

Canarias cambia las reglas de acceso a vivienda pública: 12 años de residencia e inscripción online

Canarias cambia el sistema para solicitar vivienda pública: inscripción online, nuevos requisitos de residencia y adjudicación por baremación en lugar de sorteo

El acceso a la vivienda pública en Canarias cambiará a partir de ahora con la aprobación de un nuevo decreto que modifica el sistema de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida. La norma, aprobada este lunes por el Gobierno de Canarias, introduce nuevas condiciones para solicitar alquiler asequible y simplifica los trámites administrativos.

La medida fue presentada tras el Consejo de Gobierno por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien explicó que el objetivo es hacer el sistema “más justo, transparente y accesible”.

Inscripción online para solicitar vivienda pública

Uno de los cambios más relevantes es la simplificación del proceso de inscripción en el registro de demandantes. Hasta ahora, el procedimiento requería cita previa y la presentación presencial de la documentación.

Con el nuevo sistema, los solicitantes podrán registrarse de forma telemática a través de un formulario online. En este proceso bastará con presentar una declaración responsable, en la que la persona interesada indique que cumple los requisitos establecidos. Posteriormente, la administración verificará los datos aportados durante la tramitación del expediente.

Más requisitos de residencia en Canarias

El decreto también introduce nuevas condiciones relacionadas con el arraigo en el archipiélago. Para poder acceder a una vivienda pública será necesario acreditar al menos 12 años de residencia continuada en Canarias. En caso de residencia discontinua, el requisito se eleva hasta 15 años de residencia acumulada en el archipiélago.

Según explicó el consejero, esta medida busca priorizar el acceso a la vivienda pública para quienes viven en Canarias desde hace años.

Requisito de residencia en el municipio

Además del arraigo en el archipiélago, el nuevo sistema establece otra condición: los solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de residencia o actividad laboral en el municipio donde se ubique la promoción de viviendas. Este requisito deberá cumplirse antes de que se publique el procedimiento de adjudicación de las viviendas.

La única excepción prevista en la norma afecta a las víctimas de violencia de género que no hayan podido permanecer en su municipio por razones de seguridad.

Fin del sistema de sorteo

El nuevo decreto también modifica el sistema de adjudicación de viviendas públicas. El modelo anterior, basado principalmente en sorteos, será sustituido por un sistema de baremación con criterios objetivos.

Este método tendrá en cuenta factores como la situación económica, social y familiar de cada solicitante, con el objetivo de asignar las viviendas en función de las necesidades reales de cada unidad de convivencia.

Cupos reservados para colectivos prioritarios

La nueva normativa mantiene y amplía los cupos de reserva para determinados colectivos considerados prioritarios dentro del sistema público de vivienda. Entre ellos se incluye una reserva mínima del 10% de las viviendas para personas con discapacidad, especialmente aquellas con limitaciones graves de movilidad o comunicación.

También se establece un 20% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 10% para personas mayores de 65 años y un 8% para víctimas de violencia de género. Asimismo, se contempla una pequeña reserva para personas emigrantes retornadas.

Nuevos modelos de vivienda

Otra de las novedades que incorpora la normativa es el reconocimiento de nuevos modelos de construcción residencial. Por primera vez, el decreto incluye expresamente la posibilidad de desarrollar viviendas prefabricadas, industrializadas o modulares dentro de las políticas públicas de vivienda en Canarias.

Este tipo de construcción puede reducir tiempos de ejecución y costes, lo que permitiría aumentar la oferta de vivienda pública en el archipiélago.