Este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha hecho pública la Orden por la que, entre otras cuestiones, se adoptan las medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control de la filoxera de la vid para evitar su propagación. Unas medidas que no contentan a todos, a pesar de que el Ejecutivo canario ha apuntado que gran parte del sector "está acuerdo". Consejos reguladores como el de Vinos de La Palma o la D.O. Tacoronte Acentejo han compartido los criterios de control que se han determinado. 

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) ya manifestaba a Atlántico Hoy que consideraban las medidas como "desproporcionadas". Este mismo viernes han emitido un comunicado donde muestran su "profunda preocupación" por la gestión "que la Administración está llevando a cabo tras la detección de la plaga". 

Incoherencia

Desde Avibo aseguran que, desde que tuvieron conocimiento del problema, activaron un "equipo de trabajo multidisciplinar" que elaboró un exhaustivo Informe Contingente de la Filoxera. "Este documento científico-técnico, fruto de la participación de múltiples agentes, fue remitido a las autoridades competentes apenas una semana después, con el objetivo de aportar un marco coherente y sensato para la toma de decisiones", aseguran. En este informe alertaban que la filoxera ponía en riesgo la singularidad de las variedades canarias.

En este sentido afirman que el pasado 18 de agosto y ante "la deriva que estaba tomando la situación y las incoherencias detectadas", volvieron a dirigirse a la Administración "insistiendo en la necesidad de establecer un modelo de gestión basado en el liderazgo y la colaboración". La propuesta de Avibo incluía la creación de un Comité de Crisis Técnico y la adopción de medidas proporcionadas, fundamentadas en criterios científicos. 

Alarma 

La asociación señala que este pasado jueves volvieron a remitir su posición por escrito "dada la alarma que se ha generado entre los viticultores" por la "desproporción de las medidas". 

El problema, detallan, es que la exigencia de un informe técnico para todas las vendimias destinadas a bodegas ubicadas fuera de las comarcas tradicionales "resulta inviable desde el punto de vista operativo" porque supondría "inspeccionar más de 1.000 parcelas en pleno periodo de vendimia, sin contar con los recursos humanos necesarios para hacerlo". 

Zona afectada 

La asociación expone que los datos reflejan que, hasta ahora, "se han detectado únicamente 30 cepas infectadas en un radio muy reducido, gran parte de ellas en una finca de titularidad del propio Gobierno" por lo que "la dimensión real del problema justificaría la delimitación y el control estricto de la zona afectada, así como una vigilancia reforzada en el resto de la isla". 

En ningún caso, reclaman, "se sostienen restricciones indiscriminadas entre comarcas donde no hay presencia de filoxera, ni mucho menos medidas de imposible ejecución". Para ellos, con esto se pone de manifiesto "la falta de operatividad del modelo organizativo con el que la Administración ha dotado al sector vitivinícola".

Medidas "populistas"

Avibo expone que esa adopción de "medidas populistas, infundadas y desproporcionadas, alejadas de criterios científicos y económicos" amenaza la viabilidad de un sector "que ocupa la segunda posición en superficie de cultivo del Archipiélago". 

Además subrayan que ese "modelo organizativo ineficiente" ha contribuido al "declive continuado del sector durante más de una década, con la pérdida anual de más de 300 hectáreas, la ausencia de relevo generacional y el reciente rechazo de una subvención de más de un millón de euros destinada al saneamiento de variedades".