La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha sacado a licitación un acuerdo marco para contratar servicios de investigación privada sobre trabajadores asegurados o protegidos por la entidad. El presupuesto máximo asciende a 150.000 euros sin IGIC —160.500 euros con el impuesto— para un periodo de dos años, según los pliegos del expediente, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El contrato no supone un pago único ni garantiza que la Mutua vaya a consumir todo ese importe. El pliego administrativo establece que se abonarán los servicios efectivamente realizados, conforme a los precios unitarios ofertados por las empresas o profesionales adjudicatarios, y fija 150.000 euros como límite máximo para el periodo. La licitación continúa abierta y el plazo para presentar ofertas termina el 12 de noviembre a las 14:00.
Seguimientos de bajas, lesiones e incapacidades
El objeto principal es investigar las causas relacionadas con situaciones de incapacidad temporal, secuelas, dolencias y enfermedades, así como verificar lesiones antes de solicitar una incapacidad permanente o revisar una ya concedida. El pliego técnico pone como ejemplo que un seguimiento puede dar resultado positivo si constata que una persona trabaja mientras está de baja o tiene reconocida una incapacidad permanente.
El servicio se dirige a trabajadores protegidos por MAC y pertenecientes a empresas o entidades asociadas a la Mutua. No se plantea como una vigilancia general de las personas de baja en Canarias. Además, cada actuación debe ser solicitada por la entidad y referirse a un caso concreto. Los documentos no identifican qué empresas están asociadas ni cuántos trabajadores podrían verse afectados.
El pliego técnico extiende también el objeto al ámbito laboral y menciona, entre otros ejemplos, la investigación de despidos. Sin embargo, el modelo de encargo incluido en el pliego administrativo detalla modalidades vinculadas a la verificación de lesiones, accidentes de trabajo e incapacidad permanente. Los documentos, por tanto, no precisan cómo se aplicaría esa referencia general a los despidos.
Qué puede incluir una investigación
Los seguimientos podrán realizarse en cualquiera de las islas de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas donde haya trabajadores protegidos por MAC. El pliego no fija un horario para el servicio y describe la obtención de información mediante el seguimiento personal de la persona investigada.
Los informes pueden recoger sus movimientos y desplazamientos, los lugares que visita, las actividades que realiza y las personas con las que se encuentra. También pueden incluir fotografías y vídeos. La duración ordinaria máxima es de cuatro jornadas de ocho horas, consecutivas o alternas; ese periodo puede ampliarse si lo autoriza expresamente el responsable del procedimiento. El inicio de los seguimientos debe producirse, como máximo, en los dos días naturales posteriores al encargo en Tenerife y Gran Canaria, y en tres días en las demás islas. Para casos urgentes, el plazo previsto es de 24 horas en las islas capitalinas y de 48 horas en el resto.
Los informes deben incluir una conclusión y un relato cronológico de los hechos observados, con fecha, hora y lugar. El pliego establece un máximo de 24 horas para entregar informes con resultado negativo y de 48 horas para los positivos, contadas desde la última jornada de seguimiento. El material audiovisual debe conservar sus metadatos y un registro de custodia para que pueda reproducirse y ratificarse en sede judicial. Los detectives que elaboren los informes podrán tener que comparecer ante los juzgados si lo solicita la Asesoría Jurídica de MAC.
El término "positivo" se refiere al resultado del seguimiento tal y como lo define el pliego; por sí solo no equivale a una declaración de fraude ni a la retirada automática de una prestación. La documentación se destinaría a la toma de decisiones de la Mutua o a procedimientos judiciales, administrativos u otros en los que justifique tener un interés legítimo.
Hasta cinco adjudicatarios y precios por servicio
El sistema elegido es un acuerdo marco. Si concurre suficiente número de licitadores, el pliego administrativo prevé que pueda adjudicarse a los cinco mejor clasificados. Después, los encargos concretos podrán asignarse sin convocar una nueva licitación en determinados supuestos, atendiendo a factores como la disponibilidad, la urgencia, el ámbito geográfico o el mejor ratio de seguimientos positivos.
Los precios máximos varían según el tipo de investigación y el resultado. Para la verificación de lesiones o accidentes de trabajo, el pliego fija un máximo de 700 euros por servicio con resultado positivo y de 200 euros con resultado negativo. En verificaciones vinculadas a una incapacidad permanente, los máximos son 1.600 y 200 euros, respectivamente. También se contempla el pago de horas adicionales y de 200 euros por día de asistencia a un juicio para ratificar un informe. Los desplazamientos, el alojamiento y algunas dietas se abonan por separado, con límites y justificantes.
La Mutua incluye en su memoria económica un promedio de gasto de 27.230,33 euros en los dos últimos años y señala que el año de mayor facturación fue de 56.847,91 euros. Para el nuevo acuerdo calcula un gasto máximo de 75.000 euros anuales, un 31,93% por encima de ese año de mayor facturación. Es una previsión presupuestaria: el importe final dependerá de los encargos que se realicen y de los precios adjudicados.
El contexto de las bajas laborales en Canarias
El debate sobre las bajas laborales ha ganado peso en Canarias en los últimos años. En 2025 se iniciaron en el Archipiélago más de 467.000 procesos de incapacidad temporal y la incidencia media mensual rondó los 44 procesos por cada mil trabajadores protegidos, una de las más altas del país, según datos de la Seguridad Social —se trata de procesos, no de personas: un mismo trabajador puede iniciar más de uno—.
El Gobierno canario ha defendido que una parte de la respuesta pasa por agilizar la atención sanitaria. En julio, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, planteó crear una mesa de trabajo con la patronal y prestar atención a las bajas relacionadas con problemas de salud mental leve. Monzón sostuvo que los circuitos para acelerar pruebas diagnósticas e intervenciones podrían contribuir a reducir las incapacidades prolongadas.
La patronal también ha señalado las demoras sanitarias como una de las causas que pueden alargar las bajas. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, afirmó que el problema "va mucho más allá del ámbito empresarial" y mencionó los retrasos en pruebas, consultas, rehabilitación e intervenciones. UGT y CCOO coinciden en que es necesario reducir esos tiempos, aunque piden que el debate incluya la prevención de riesgos, la salud mental y las condiciones de trabajo.
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