La falta de revisión de precios deja licitaciones de obra pública desiertas por toda Canarias

Las administraciones están teniendo muchos problemas para sacar adelante obras públicas por los problemas de la revisión de precios

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Cartel informando de que el acceso está cortado por obras. / Cabildo de Tenerife
Cartel informando de que el acceso está cortado por obras. / Cabildo de Tenerife

La construcción de once viviendas protegidas en Breña Baja: desierta. La reforma de una biblioteca en Las Palmas de Gran Canaria: desierta. La ampliación de un centro sociosanitario en La Matanza de Acentejo: desierta.

Por toda Canarias se repite el mismo final en decenas de licitaciones de obra pública: desierta. Sin ofertas. La situación es consecuencia de los problemas de la revisión de precios en vigor desde la pasada primavera. Las asociaciones de empresas de la construcción critican que en la práctica solo está funcionando para las grandes inversiones y piden una norma más ambiciosa.

"Son las pequeñas y medianas empresas las más afectadas, porque los reales decretos leyes de revisión extraordinaria de precios sí que están consiguiendo salvar el contexto para grandes proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias, pero se están mostrando insuficientes para los trabajos de menores dimensiones licitados por administraciones locales, ayuntamientos o cabildos y comunidades autónomas", denunció este jueves la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) en un comunicado.

Licitaciones desiertas en todo el Archipiélago

La federación cifra en casi 200 las licitaciones que han quedado desiertas en el último año y medio, por un valor de más de 70 millones de euros. La mayoría de ellas son de ayuntamientos. En el caso de La Matanza de Acentejo, que en abril anunció la licitación de las obras de ampliación del centro sociosanitario para mayores dependientes y la construcción de un centro de rehabilitación integral de carácter comarcal, con un presupuesto de más de 7 millones de euros. Dos meses después la cerró sin recibir ninguna oferta. Tampoco las recibió en una licitación para la instalación de un ascensor.

Lo mismo le sucedió al Ayuntamiento de Los Silos con la obra de ampliación del Auditorio Municipal Alfonso García Ramos; al Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás con la remodelación de su Centro Municipal de Cultura y otras obras de mejora de calles y aceras; o al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuya licitación para mejorar la calle Tomás Morales quedó desierta justo antes del verano.

No solo ayuntamientos

Los problemas no solo afectan a ayuntamientos. En marzo de este año, el Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, lanzó la licitación para la construcción de once viviendas protegidas en El Zumacal, en el municipio palmero de Breña Baja, por valor de 1,6 millones de euros. Dos meses después la cerró sin recibir ninguna oferta. También en La Palma, la empresa pública GESPLAN solo ha podido adjudicar uno de los cuatro lotes licitados para una obra de El Paso y Los Llanos de Aridane.

Otro ejemplo: el primer intento de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de licitar la obra de reforma de la biblioteca y las zonas anexas de su sede en Las Palmas de Gran Canaria acabó desierta. El segundo intento sí ha recibido una oferta y en breve será adjudicada la obra. Tampoco la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife recibió ofertas para una obra valorada en más de dos millones de euros.

"La Legislación debe permitir el eventual restablecimiento del equilibro económico de los contratos públicos, por la aparición de un riesgo anormal e imprevisible, de tal manera que los órganos de contratación puedan reconocer el derecho del contratista a percibir una indemnización o compensación por los daños y perjuicios efectivamente producidos, como consecuencia directa e inmediata del imprevisible aumento del precio de las materias primas y del retraso anormal en el suministro de materiales que estamos viviendo en la actualidad", reclama FEPECO. "Así evitaremos el riesgo de que las empresas opten por no presentar ofertas a los contratos públicos que se licitan, como está ocurriendo, o que, como también advertimos, los contratos públicos se adjudiquen a empresas foráneas que hacen bajas inasumibles para adjudicarse los contratos a pesar de las altas probabilidades de no poder cumplir con las calidades exigidas, tiempos y terminación de obras".

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