El alquiler está detrás de ocho de cada diez desahucios que se producen en Canarias. De los 1.426 lanzamientos que practicaron los juzgados de las islas en 2025, 1.129 derivaron de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 79,2% del total, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta cifra son más de tres cada día.
Este se trata del mismo origen que el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desalojada el pasado miércoles del piso de Madrid en el que vivía de alquiler desde 1956. Su desahucio ha llenado de tiendas de campaña la Puerta del Sol, en Madrid, y ha obligado al Gobierno a desbloquear un decreto de vivienda que llevaba meses encallado.
División en dos decretos
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos de vivienda que amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios y prorrogan dos años los contratos de alquiler en vigor que terminen antes de finales de 2028.
Los textos regulan además el alquiler de temporada y por habitaciones, prohíben hasta 2028 las compras de vivienda de los llamados fondos buitre e incluyen la renovación automática de los alquileres, la medida que reclamaban los sindicatos de inquilinos.
Esta división en dos decretos ha sido duramente criticada por el Sindicato de Inquilinas quiénes lo catalogan de “troceo” y han avisado de que "cuanto más dividan, más nos enfadarán". Por otro lado, se espera la convocatoria de nuevas manifestaciones el próximo 3 y 4 de octubre en “todas las ciudades del Estado”.
El alquiler, la principal causa
En el conjunto de Canarias, el resto de lanzamientos practicados el año pasado se reparte entre 224 ejecuciones hipotecarias y 73 por otras causas. El CGPJ contabiliza un lanzamiento por cada inmueble cuyo desalojo ordena un juzgado, y es el dato que más se corresponde con lo que popularmente se conoce como desahucio.
El número total de desahucios en el archipiélago bajó respecto a 2024, cuando se practicaron 1.732. Sin embargo, el peso del alquiler creció: pasó del 75,2% de los casos en 2024 al 79,2% en 2025.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los juzgados practicaron 570 lanzamientos en 2025. De ellos, 439 estuvieron relacionados con el alquiler, el 77% del total, frente a 103 hipotecarios. En 2026 esa cifra no ha seguido bajando: en el primer trimestre hubo 56 lanzamientos por alquiler en la provincia, los mismos que en los últimos tres meses de 2025.
Tres intentos de desalojo en Granadilla
Detrás de estas cifras hay casos como el de una vecina de Granadilla de Abona de 54 años, con un cáncer terminal, cuyo desahucio estaba señalado para el pasado viernes. Era el tercer intento de desalojarla. El lanzamiento se suspendió de forma temporal tras la intervención del Ayuntamiento y del Instituto Canario de la Vivienda.
Según el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, la mujer no había podido encontrar otra casa porque no tenía nómina ni contrato de trabajo. Esta situación llevó a que más de 200 personas se concentraran el pasado jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para apoyarla y pedir medidas frente a los desahucios en el archipiélago.
"La vecina de Granadilla se queda en su casa", celebraba el sindicato durante la convocatoria, que considera la suspensión una victoria provisional. Por otro lado, la organización ha advertido de que, si las administraciones no atienden sus demandas, los barrios canarios podrían sumarse a una huelga general de alquileres.
¿Qué puede hacer Canarias?
El Gobierno canario atiende estos casos a través del programa Canarias ProHogar, del Instituto Canario de la Vivienda. En 2025 recibió 671 solicitudes, 320 de ellas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Son menos de la mitad de los lanzamientos practicados ese año en las islas.
Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, sostenía la semana pasada que en el caso Maricarmen "el sistema ha fallado" y reclamaba al Estado un marco legal para proteger a las personas vulnerables, al defender que Canarias no tiene capacidad normativa para frenar los desahucios.
Sin embargo, el archipiélago no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta que la Ley de Vivienda pone en manos de las comunidades autónomas.
La prórroga y la renovación automática que se recogen en los decretos aprobados por el Gobierno protegen sobre todo a quien ve vencer su contrato, mientras que los lanzamientos por alquiler que recoge el CGPJ corresponden principalmente a impagos, según el propio organismo. El Gobierno pidió al Congreso un pleno extraordinario este viernes para convalidar los dos decretos de forma inmediata. Si la Cámara no los respalda, decaerán.
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