La posibilidad de que se establezca una obligación de servicio público (OSP) en algunas rutas aéreas que unen Canarias con la Península para controlar el precio de los billetes no ha sentado de la misma manera a los partidos integrantes de Pacto de las Flores. Mientras que Podemos la aplaude, Nueva Canarias (NC) considera que no es necesario su estudio "ya que es un invento para resolver algo en lo que todo está inventado [para reivindicar su papel en 2018 al conseguir la bonificación del 75% al transporte aéreo]" y apremia al Gobierno para que la ponga en marcha de manera inmediata.
La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, volvió de Madrid con el compromiso por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) de crear "un grupo de trabajo para estudiar las diferentes posibilidades para concretar medidas que permitan un mayor control" de los precios de los vuelos. "Desde el Gobierno ya se trabaja en diferentes opciones que, además de encajar en el ámbito jurídico, logren un perfecto equilibrio entre un necesario control del incremento de los precios y que, al mismo tiempo, no afecte al número de plazas aéreas que se ofertan en las conexiones con Canarias", explicó. Entre esas opciones está la posibilidad de establecer una OSP en algunas rutas aéreas que conectan con Canarias, una propuesta promovida por los senadores canarios socialistas, pero que aún está por concretar y desarrollar.
Quevedo lo califica de invento
Esa falta de concreción es la que rechaza Nueva Canarias, que considera que no hay nada que estudiar y que realizar una prueba piloto tiene "poca lógica". En opinión del exdiputado Pedro Quevedo, tanto la norma europea como la española, además de la experiencia de la regulación tarifaria en las rutas interinsulares avalan la puesta en marcha de esa OSP sin necesidad de una prueba, y califica el plan del ministerio como un invento para resolver algo en lo que "todo está inventado".
La postura de Podemos es bastante más conciliadora. En opinión de su coordinadora general, Laura Fuentes, es "un primer paso en la dirección correcta y una oportunidad para garantizar de una vez el derecho a la movilidad frente a los abusos y la especulación" de las empresas aéreas, recogió un comunicado de la formación morada.
Podemos también critica la postura de Partido Popular, Coalición Canaria y su socio nacionalista en el Gobierno de Canarias, al recordar que votaron en contra a varias propuestas suyas en 2018 en el Congreso de los Diputados. NC recuerda que la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que aumentaba la bonificación hasta el 75% ya recogía la posibilidad de declarar OSP algunas rutas para controlar los precios.
Qué es una OSP
El Reglamento de la Unión Europea sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos establece que un Estado miembro "puede imponer una obligación de servicio público en relación con una ruta aérea regular entre un aeropuerto situado en la UE y un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo de su territorio, o en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva a un aeropuerto de su territorio, si se garantizan los servicios mínimos en una ruta que se considera esencial para el desarrollo económico y social de la región servida por el aeropuerto".
El MITMA explica que "la obligación solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial". Y añade que "las obligaciones de servicio público responden, pues, a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que, por su rapidez, el transporte aéreo es un modo de transporte fundamental".
Actualmente, ninguna ruta entre Canarias y la Península tiene la consideración de OSP, como sí sucede en los trayectos entre islas. Un acuerdo del Consejo de Ministros en 2006, modificado después en 2011, estableció la OSP en 13 rutas interinsulares. Esa regulación fijaba la frecuencia mínima, el número de asientos por temporada o las tarifas de referencia (entre 52 y 88 euros). Sucede lo mismo en Baleares, aunque en su caso sí hay una ruta declarada OSP con la Península: la que une Menorca con Madrid, en vigor desde 2012 y modificada en 2014. La tarifa de referencia es de 130 euros.