El Centro de Inspección Fronterizo (PIF), una infraestructura prevista para acabar con los retrasos y mejorar los controles de mercancías en el Puerto de La Luz, sufre un nuevo contratiempo.
Los problemas de cimentación detectados en la parcela han obligado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) a iniciar los trámites para rescindir el contrato, que fue adjudicado a la empresa COMSA por 18,1 millones de euros.
Gran interés
La construcción del nuevo edificio obtuvo el respaldo del Consejo de Administración de la APLP en marzo del año pasado.
Al concurso público se presentaron siete ofertas, imponiéndose la empresa catalana a las propuestas formuladas por Dragados SA; FCC Construcción SA; UTE Lantania SAU - Vareser 96 SL; UTE Satocan SA - Rover Marítime S.F; UTE Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA - Desarrollos e Iniciativas Canarias SL y UTE Construplan, Construcciones y Planificación - Cobra Infraestructuras Hidráulicas SA.
El edificio, de dos plantas, tiene un plazo de ejecución de 18 meses, pero al poco de comenzar la obra se descubrió que la realidad del terreno era distinta a la esperada, con problemas para realizar la cimentación y levantar la estructura.
Problemas técnicos
La parcela elegida está en la Dársena de África, un suelo ganado al mar mediante rellenos en varios de sus tramos más importantes.
Desde la Autoridad Portuaria, para evitar una nueva demora, se barajó realizar un modificado del proyecto, pero los sobrecostes de las soluciones constructivas lo hicieron inviable.
La administración ha optado por negociar con la empresa la rescisión del contrato, al tiempo que se busca "una alternativa a la cimentación de la parcela" que haga posible el proyecto, explica la APLP.
Absoleto
El Puerto de La Luz es la principal puerta de entrada de los alimentos y productos que se consumen en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Las instalaciones fronterizas actuales tienen más de 20 años de funcionamiento, la cuales están obsoletas ante la demanda actual y las exigencias de calidad de la Unión Europea.
Tramitación complicada
El PIF ya se quedó sobre la mesa del Consejo de Administración de la APLP en el mandato anterior. La causa fue la pandemia y los sobrecostes de materiales derivados de la guerra de Rusia en Ucrania.
Los técnicos actualizaron los costes, afectados por la aprobación de un nuevo reglamento de la construcción más exigente con los materiales.
El proyecto pasó de los 12 millones iniciales a los 18 actuales, autorizando el Consejo de Ministros una nueva licitación, la cual se ha encontrado ahora con los problemas de cimentación de la parcela.
Realidad
Los servicios de inspección se realizan en dos parcelas independientes ubicadas al norte del puerto: en la primera se desarrolla la actividad propia del puesto fronterizo, y en la segunda se inspeccionan los productos vegetales y animales de la Unión Europea, además de los industriales de cualquier procedencia.
Esta segunda parcela es la que «requiere mejoras de capacidad, puesto que no dispone de zona de espera para vehículos pesados y se encuentra en situación de elevada saturación», explicó el Ministerio de Transportes cuando autorizó el proyecto.
Con las nuevas instalaciones se solventarán esas carencias, «lo que permitirá prestar los servicios demandados por los operadores en el ámbito del transporte marítimo con un óptimo nivel de calidad y eficiencia».
Concentración de servicios
El proyecto contempla que ambos servicios se concentren en una única parcela de 13.692,71 metros cuadrados.
El edificio tendrá dos niveles. Las dependencias para desempeñar la actividad principal del centro, que es la inspección y el control de las mercancías, irán en la planta baja.
Más personal
En total están previstas nueve salas para realizar esas operaciones y 27 muelles para la carga y la descarga, 11 más que en la actualidad, lo que agilizará la entrega de los contenedores, entre otras mejoras.
Sin embargo, para acabar con los retrasos y las colas, también será necesario que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dote de más personal al nuevo PIF, que es una de las principales reivindicaciones de los transportistas.