Los jueces han dado la razón a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en su primer enfrentamiento con el Centro Comercial Sotavento. Según la presidenta, Beatriz Calzada, una sentencia reciente reconoce la deuda acumulada por el impago de tasas y demás liquidaciones, lo que permite a la institución seguir adelante con el lanzamiento forzoso del complejo para recuperarlo.
Calzada asegura que la deuda reconocida de Explotaciones Sotavento SL asciende a unos 250.000 euros, pero la cantidad impagada que motivó la tramitación del desahucio supera los 460.000 euros, según el expediente aprobado el año pasado por el Consejo de Administración de la APLP.
La entidad rechazó los recursos de los negocios ubicados en el centro comercial, con la finalidad de desalojarlos por carecer de título habilitante para ocupar el espacio, iniciando así los correspondientes pleitos judiciales.
El fin de Sotavento
Tras meses de litigio, la justicia ha reconocido la deuda existente, un aval jurídico con el que Calzada espera recuperar el control del centro comercial. Su declive es total: sólo permanecen abiertos Allende Restauración, en los locales 9 y 12 ; Fifo Diving, que está especializado en buceo y pesca submarina, locales 15 y 16; Escuela de Hostelería Europea (EHE), en los locales 2, 5, 6 y 8, y Canarias Óptima Profesional, en el local 4 del complejo.
La recuperación del espacio es vital para la reordenación del Muelle Deportivo y la seguridad jurídica de la zona de servicio, que está aún pendiente de salir a concurso para ampliar la dársena y privatizar su gestión.
La presión sobre el control del dominio público no se detiene en el cemento, sino que se extiende también al agua. En la sesión del Consejo de Administración de este 26 de marzo de 2026, se han ratificado nuevas órdenes de desahucio para la recuperación de puestos de amarre.
En total hay afectados 34 barcos vivienda en el Muelle Deportivo, cuyos propietarios deben abandonar los atraques por vía administrativa. Las últimas embarcaciones con orden de expulsión aprobadas son Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario.
Un recinto en transformación
Esta operación conjunta, que afecta al complejo comercial y las viviendas flotantes, busca enjugar la deuda de la Autoridad Portuaria y liberar espacios estratégicos para sus servicios.
Mientras se tramita la salida de los deudores y residentes, el Puerto trabaja en nuevas concesiones y mejoras en las infraestructuras para profesionalizar la oferta náutica y comercial de la capital grancanaria.
Antes, claro está, los juzgados deberán resolver los recursos de los afectados, que han apelado al derecho a vivir en sus embarcaciones.