La Autoridad Portuaria ha aprobado una inversión de 4,8 millones de euros para ampliar y modernizar su sistema integral de videovigilancia, una actuación que busca reforzar la protección de las instalaciones portuarias, mejorar la supervisión operativa y adaptarse a los nuevos riesgos derivados del actual contexto internacional.
La decisión fue adoptada este jueves por el Consejo de Administración, que dio luz verde a la apertura del expediente de contratación de un sistema más avanzado que permitirá incrementar la capacidad de control y vigilancia en una infraestructura considerada esencial para Canarias.
Según explicó la Autoridad Portuaria, la modernización de este sistema se considera una medida clave para mitigar riesgos y garantizar un nivel adecuado de protección ante el actual escenario geopolítico.
Junto a esta actuación, el Consejo aprobó también la licitación de una nueva Plataforma Port Control destinada al Centro de Control del tráfico marítimo portuario.
El contrato, que incluye el suministro, implantación, soporte y mantenimiento de la herramienta tecnológica, cuenta con un presupuesto base de licitación de 601.462 euros.
La nueva plataforma permitirá optimizar la gestión del tráfico marítimo y mejorar la capacidad de respuesta operativa en el recinto portuario.
Avances en Sotavento
Durante la sesión, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, informó sobre el proceso de recuperación del Centro Comercial Sotavento.
El pasado 15 de junio se ejecutó la entrada en los locales vacíos y zonas comunes del inmueble, recuperando la posesión de esos espacios. Sin embargo, todavía permanecen ocupados tres locales correspondientes al restaurante Allende, la tienda de submarinismo FIFO y las oficinas de Canarias Óptima Profesional S.L.
En los dos primeros casos, la Autoridad Portuaria está pendiente de autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso, mientras que el procedimiento administrativo continúa su tramitación en el tercero.
Embarcaciones como vivienda
El Consejo también abordó la situación de varias embarcaciones que utilizan los puertos con fines residenciales.
Los consejeros rechazaron cuatro recursos presentados por propietarios a los que se les había denegado la autorización para ocupar amarres en el Muelle Deportivo tras acreditarse que utilizaban las embarcaciones como vivienda habitual, una práctica no permitida en el dominio público portuario.
Además, la Autoridad Portuaria ha ejecutado un nuevo desahucio administrativo sobre una embarcación que ocupaba sin autorización un puesto de amarre en la Dársena de Embarcaciones Menores. Con este último expediente, ya son 37 las embarcaciones desalojadas por esta vía.
Otro de los acuerdos destacados fue la modificación de las condiciones aplicables a las terminales de contenedores que operan mercancías de cabotaje.
Tras analizar la situación del mercado y las peticiones planteadas por la Confederación Canaria de Empresarios, la Autoridad Portuaria acordó reducir en un 17% el tráfico mínimo anual exigido a las concesiones de Gesport Terminal Marítima y La Luz S.A.
La medida responde, según el organismo, a los efectos acumulados de la pandemia, los cambios económicos internacionales y la inestabilidad geopolítica, factores que han alterado significativamente las previsiones de tráfico marítimo.
Nuevo paseo marítimo
El Consejo aprobó además denominar el paseo situado entre el Arsenal Militar y el Muelle de Santa Catalina como “Paseo Marítimo Félix Juan Bordes Caballero – Arquitecto”, atendiendo a una solicitud formulada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, se prorrogó por un año el convenio de buenas prácticas ambientales con Minerva Combustible Las Palmas y se respaldó la petición institucional para trasladar al Ministerio de Transportes la preocupación por el futuro de la conexión marítima entre Gran Canaria y Fuerteventura si desaparece la Obligación de Servicio Público (OSP) actualmente vigente y que expira el próximo 30 de junio.