Mover un contenedor o descargar mercancía en el Puerto de Las Palmas está a las puertas de sufrir una actualización de precios que puede encarecer la cesta de la compra y afectar al bolsillo de los ciudadanos.
En Canarias casi todo llega por mar y, tras 17 años con las tarifas máximas congeladas, el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Francisco Trujillo, ha elaborado una propuesta técnica para elevar un 34,77% el techo legal del servicio de manipulación de mercancías, que engloba la carga, descarga, estiba y desestiba en el puerto capitalino.
El expediente se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación administrativa. La propuesta debe someterse primero al criterio del Comité de Servicios Portuarios —donde están representados operadores y usuarios del recinto— y solo después se elevará al Consejo de Administración de la APLP, el órgano de gobierno facultado para tomar la decisión definitiva.
El corsé de la desindexación
La revisión tarifaria no aplica una traslación directa ni automática del IPC general. El cálculo se ha sometido al filtro estricto de la Ley de Desindexación y el Real Decreto 55/2017, una normativa estatal que obliga a dejar fuera cualquier coste no estrictamente imprescindible.
Bajo este marco regulatorio, el puerto ha excluido del cómputo las amortizaciones, los gastos financieros, la estructura corporativa y el beneficio empresarial, partidas que representan casi un 16% de los costes del servicio y que quedan fuera de la actualización. Solo se computan los incrementos indispensables respaldados por índices oficiales del INE y del ISTAC.
Salarios del CPE, luz y combustible
La memoria económica de la propuesta refleja casi dos décadas de tensiones inflacionistas en los muelles. El mayor peso recae sobre la mano de obra del Centro Portuario de Empleo (CPE): absorbe el 50,39% del coste total de la operativa y sus salarios han subido un 33,80%, lo que por sí solo traslada más de 17 puntos a la subida final propuesta.
El componente energético también arroja variaciones extremas entre 2009 y 2026. La factura eléctrica se ha disparado un 149,68%, sumando 5,68 puntos porcentuales al alza total. En paralelo, el combustible y aprovisionamiento de maquinaria, con un 7,50% del gasto, acumula un incremento del 103,08%, aportando otros 7,73 puntos al cálculo.
El porcentaje se completa con el alza en reparaciones (+15,86%), seguros (+53,56%) y el personal propio de las empresas estibadoras. En este último caso, la ley obligó a recortar la subida del 26,68% reflejada por el sector para toparla en el 18,45%, el límite fijado por los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos.
De la grúa al supermercado
La propuesta no impone una tarifa fija de mercado, sino un precio techo regulado. Aunque terminales y navieras pactan en el día a día descuentos comerciales por volumen habitualmente inferiores a ese umbral, ampliar el margen legal en casi un 35% proporciona a las empresas vía libre para renegociar contratos a la baja en bonificaciones y al alza en tarifas.
En un territorio fragmentado y ultraperiférico como Canarias, donde más del 80% del abastecimiento entra por vía marítima, este ensanchamiento tarifario activa una reacción en cadena. Si las empresas estibadoras elevan sus precios a las navieras, estas trasladan el sobrecoste a los fletes que pagan los importadores y mayoristas insulares.
El intermediario, a su vez, repercute el encarecimiento logístico en las facturas a transportistas y superficies comerciales, con lo que la subida portuaria podría terminar afectando al tique de la compra y la cesta básica del consumidor final.
Al mismo tiempo, sectores locales ya asfixiados por los costes, como la exportación de fruta o la pesca congelada, verían encarecida su operativa, mientras que la subida amenaza con comprometer la competitividad de La Luz en el transbordo internacional de contenedores frente a los puertos del continente africano
Así, al menos, funcionan los mercados: nadie quiere ganar menos y todos se afanan en repercutir el encarecimiento del servicio al que está más abajo o al otro extremo de la cadena logística.
Tensión añadida con el amarre
Esta propuesta llega, además, en un clima de alta tensión entre la Autoridad Portuaria y la comunidad portuaria. El organismo lleva meses trabajando en la actualización y subida de las tarifas del servicio de amarre y desamarre de buques, una iniciativa que ya ha generado el rechazo frontal de los consignatarios y de patronales como Asocelpa y Oneport.
El sector advierte de que sumar una revisión del amarre a un alza del 35% en el tope de la estiba encarece de golpe todo el ciclo operativo del puerto —desde que el barco atraca hasta que se descarga su mercancía—, amenazando la competitividad del recinto en el Atlántico.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.