En la reunión, los socios de la patronal del sector analizaron el impacto de las medidas ambientales europeas en el sistema marítimo-portuario, desde la mejora de la eficiencia de los buques, hasta los desafíos pendientes en la electrificación de los puertos, pasando por los derechos de emisiones.
En este contexto, se produjo la intervención online de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, quien relató todas las gestiones desarrolladas ya ante la administración europea en Bruselas para exponer la excepcionalidad y trato diferencial de Canarias, compartida con las regiones ultraperiféricas, a la hora de abordar estas exigencias.
Impacto económico y repercusiones para el sector
La patronal insistió en las repercusiones económicas que pueden suponer para el sector en las Islas asumir los costes derivados de esta política medioambiental, que necesariamente terminarán repercutiendo en toda la cadena de valor hasta llegar al consumidor final. Por ello, se puso sobre la mesa la necesidad de que toda la ciudadanía sea consciente de la repercusión y conozca las consecuencias económico-financieras para Canarias.
Asimismo, tiene especial relevancia el riesgo de fuga de tráficos a otros puertos extracomunitarios no obligados por esta normativa.
Colaboración entre sector público y privado
La presidenta de la Autoridad Portuaria destacó la apuesta del sector público por desarrollar un trabajo coordinado con la patronal para continuar las negociaciones con los actores estratégicos en Europa y asegurar que los intereses de las regiones ultraperiféricas sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones.
Con este objetivo, el sector público y privado trabajarán mano a mano en la actualización de los informes que justifican las excepciones para las Islas.
Compromiso de FEDEPORT
El presidente de FEDEPORT, José Juan Socas, manifestó a Calzada el compromiso de la patronal "para seguir trabajando de la mano en acciones conjuntas en defensa de la posición de la región y asegurar que las nuevas políticas no perjudiquen la operatividad y el desarrollo portuario, cuya importancia supera los límites físicos de las ciudades e islas capitalinas, afectando al conjunto de la sociedad".