Las negociaciones anunciadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) con Puertos del Estado para abordar las irregularidades en la Fundación Puertos de Las Palmas (FPLP) no marchan por el camino deseado para Beatriz Calzada. La presidenta deberá tomar una decisión drástica para cumplir con la auditoría y tratar de recuperar la confianza de los patronos si finalmente opta por no liquidar la entidad.

Y esa decisión no es otra que despedir o forzar la dimisión de la gerente, Betsabé Morales, la cual fue contratada de manera directa a propuesta de la presidenta de la APLP y de la FPLP. Calzada apeló a la urgencia del momento para denunciar al concurso público y el proceso de selección, una decisión que los auditores consideran ilegal y que Puertos del Estado ve imposible de regularizar.

Callejón sin salida

Según las fuentes consultadas, al prescindirse de un proceso reglado y adjudicarse el puesto a dedo, no existen deficiencias o anomalías subsanables, sino una nulidad radical o de pleno derecho que hace incompatible su continuidad en el cargo.

Tanto Calzada como Morales han dado a entender en distintas comparecencias que el asunto se va a arreglar, pero no han explicado cómo, ni siquiera a los patronos, que han pedido explicaciones sin éxito. En la última semana se han convocado dos juntas para aprobar las cuentas: la primera se aplazó el lunes hasta reunirse con Puertos del Estado, y la segunda fue desconvocada el viernes, por teléfono, apenas una hora antes de su hipotético inicio.

En ambas ocasiones se aludieron a motivos formales para retrasar las asambleas, pero el problema de fondo es qué hacer con el nombramiento de Betsabé Morales, sin olvidar los contratos supuestamente fraccionados o adjudicados a empresas afines, además de los patrocinios ajenos a la actividad de la Fundación, que está limitada por sus estatutos a la formación portuaria.

Alegaciones desestimadas

El plan inicial era solicitar un informe a la Abogacía del Estado para validar la contratación de la gerente. Calzada y la Fundación consideran la falta de ese dictamen una incidencia procedimental de carácter subsanable que no anula el contrato, pero los auditores rechazan ese argumento porque en la administración no existe la contratación directa.

La realidad, por tanto, a punta a la nulidad de pleno derecho, tal y como dejaron caer los representantes del Estado en el último Consejo de Administración celebrado en la APLP.

Es más. La Abogacía del Estado, tras conocer las conclusiones de los auditores, está obligada a poner los hechos en conocimiento de la Intervención General del Estado para depurar posibles responsabilidades contables en la actuación de la Fundación.

Nadie lo reconoce abiertamente, pero ese es el protocolo o el camino a seguir en estos casos, y en ese punto está ahora mismo el expediente.

Alivio e incógnitas

El cese de Bestsabé Morales no solventa por sí mismo las irregularidades administrativas detectadas, pero sí supondría un alivio para los patronos y un nuevo punto de partida para Calzada.

Y es que la propuesta de contratación la hizo la presidenta, sin contar con la Abogacía del Estado, y la ratificó por unanimidad la junta de patronos. También son, por tanto, responsables de esa gestión.

La contratación vino precedida del despido de la anterior gerente, que fue indemnizada con más de 120.000 euros, una decisión igualmente cuestionada por los auditores al no estar jusitificada la elevada cuantía abonada.

Malestar

En ese contexto, la única salida que le queda a Calzada es rescindir el polémico contrato y dar las explicaciones necesarias a los patronos, que volverán a reunirse esta semana para votar sus cuentas de 2025.

Así, al menos, lo ven las fuentes empresariales consultadas. El malestar y la inquietud entre los patronos es real, tanto en los públicos como en los privados.

El balance económico debió de haberse aprobado antes del 31 de junio, pero se ha visto retrasado y salpicado por la controvertida gestión de la Fundación durante este último año.