“Resulta bárbaro y descomunal la cantidad de horas extras que se realizan y no se pagan en Canarias”, comenta a Atlántico Hoy la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Montse Cosano.
Según el sindicato, los datos relativos a la Encuesta de Población Activa (EPA), del año 2024 y del primer trimestre de 2025, reflejan que “más de 8.200 personas asalariadas trabajan gratis cada semana en las islas. Gratis. Sin salario. Sin descanso. Sin cotización”.
Absentismo
Advierte Cosano que, mientras muchas personas en el archipiélago realizan horas extraordinarias sin ser abonadas, "la patronal habla de absentismo para desviar la atención", explicando que lo que las empresas se ahorran en abonar las horas extraordinarias lo invierten en la empresa para las mejoras de las condiciones laborales, "pero después dicen que los trabajadores en Canarias no son productivos o son vagos, mientras que incumplen constantemente con las leyes, con las normas y con los propios trabajadores".
Cosano expone que esas horas de más que se trabajan repercuten no solo en una remuneración que se deja de percibir, sino también una mayor carga laboral para los empleados y en problemas psicosociales que derivan en enfermedades profesionales, de salud mental y músculoesqueléticas.
Falta de control
También advierte el sindicato que "la creciente y alarmante" práctica de horas extras no pagadas en las islas, es una modalidad laboral que se realiza “sin control, sin inspección y sin vergüenza”, acumulándose un total de 129.984 horas extra semanales. “De estas, 32.360 no se cotizan ni se pagan, lo que equivale a más de 800 empleos a jornada completa que simplemente no existen”.
Este volumen de trabajo gratuito se traduce en “34 millones de euros al año, dinero que deja de abonarse en salarios, Seguridad Social e impuestos”. “Es necesario un seguimiento exhaustivo por parte de la inspección de trabajo, que no lo hay”, subraya Cosano.
Seguimiento digital
Además, la organización sindical exige que se ponga en marcha un “seguimiento digital, tal y como se pide activar de cara a la reducción de la jornada, donde se puede ver, realmente, un control exhaustivo de esas horas extraordinarias que se hacen”.
Según la sindicalista, con esta medida se podría sancionar a las empresas que incurren en la ilegalidad, repercutiendo los efectos sobre el empresario y las empresas.
Sector público
El sector público es uno de los principales incumplidores: administración, sanidad y educación concentran casi 7.000 horas extra no pagadas a más de 2.400 empleados cada semana. “No entendemos por qué no hay más mano dura por parte de las administraciones públicas en esta situación”, explica.
Denuncian desde la organización sindical la falta de acciones por parte del Gobierno ante una práctica laboral que supone pérdidas millonarias para las arcas públicas, matizando que son las propias administraciones “las que más fraude cometen”.
Sector privado
“¿Y qué ocurre con las empresas privadas?”, pregunta y responde Cosano, indicando que si en el sector público no se lleva un control horario adecuado, “en las empresas privadas es escandaloso”.
Comenta, además, que en la empresa pública no existe el miedo al despido en el caso de reclamar derechos, “pero en la empresa privada sí”, por lo que es más complicado que las y los trabajadores denuncien, según expresa.
Medidas contundentes
"¿Cómo va a exigir la Administración a la patronal que cumpla la ley, si la propia administración la incumple”, cuestiona la secretaria de CCOO.
“En el sector público son las áreas de Sanidad y Educación las que más fraude están realizando con las horas extras, y estamos deseando que nos expliquen por qué lo hacen, por qué no lo pagan y por qué la propia administración es la que más incumple. En el sector privado, hablamos de comercio, hostelería y construcción”, apunta.
Desde CCOO Canarias exigen medidas contundentes: control horario efectivo, sanciones ejemplares y contratación justa con pago real por cada minuto trabajado. La organización recuerda que trabajar no es un privilegio sino un derecho que debe respetar la dignidad del trabajador y garantizar sus derechos sociales y económicos.