El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales y económicos del Archipiélago. María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, asegura que el verdadero problema es la falta de oferta. En una entrevista concedida a Atlántico Hoy valora de manera positiva que a partir de ahora se pueda usar la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) para la construcción de casas destinadas al alquiler. 

Se trata de una medida que la patronal reclama desde hace años. Además, critica los prejuicios ideológicos que, a su juicio, han estigmatizado la participación empresarial en la solución al problema habitacional. “No se trata de una victoria, sino de un logro de todos”, apunta.

La presidenta de la patronal insiste en que sin la colaboración activa del sector privado será imposible reducir el déficit de vivienda. Apuesta por liberar suelo urbano retenido durante décadas y advierte que sin cambios estructurales urgentes en la financiación, la fiscalidad y la mano de obra, el sector podría colapsar en pocos años.

[Pregunta] ¿El factor más importante a la hora de analizar el problema de la vivienda es la falta de oferta ante una demanda cada vez mayor o desde el sector privado han detectado otros que merecen ser atendidos?

[Respuesta] Aquí hay varias cuestiones. Si la pregunta es si se trata de un problema de demanda o de inflacionar de manera artificiosa por parte del sector privado el precio de la vivienda, no, en absoluto. Está vinculado directamente a la falta de oferta. En el 2007 producíamos más de 30.000 viviendas al año y en 2024 iniciamos 4.000. Ahora bien, hay muchos elementos que, de manera sinérgica, tienen que actuar.

¿Por ejemplo?

Hay una una cuestión vinculada directamente a la cuestión de la normativa. Hay un problema normativo que se está intentando solucionar mediante la publicación de dos decretos y además se está modificando la ley del suelo. Por otro lado, el absentismo, la falta de mano de obra, la reducción de la productividad, el incremento de nuestros costes de producción o una fiscalidad brutal en torno a la vivienda.

¿A qué se refiere?

Es una fuente de ingresos para Hacienda por excelencia. El 25% del precio de una casa lo constituyen los impuestos que se pagan durante todo el proceso de construcción. Todo esto son cuestiones que se deben tener en cuenta para que, actuando de manera sinérgica, pueda producirse la vivienda. El suelo que los promotores privados de manera gratuita ofrecen a los ayuntamientos como consecuencia del aprovechamiento urbanístico, es un suelo que ha permanecido sin producir por parte de los municipios durante más de 20 años.

¿Cuál es la alternativa?

Nosotros proponemos que ese suelo se ponga a disposición de la iniciativa privada. Y luego hay una cuestión que sí me gustaría dejar muy clara: si estos temas no se resuelven, en tres años el sector podría petar. Significa que los ciudadanos no podrán comprar viviendas, que la demanda cada vez es menos solvente y que necesitan un mayor esfuerzo de su salario para poder adquirir una casa. Esto ha sido calificado por el Banco de España como un problema social de extensa magnitud.

El Gobierno de Canarias ha respaldado utilizar los fondos de la RIC para la construcción de vivienda destinada al alquiler. La medida no es nueva, quien tire de hemeroteca verá que usted misma la solicitó, por ejemplo, al anterior ejecutivo regional —encabezado por Ángel Víctor Torres—. ¿Lo consideran una victoria?

Más que una victoria es la constatación de que con el esfuerzo de todos se hacen posibles las cosas. Lo que ocurre es que se tarda demasiado tiempo en reaccionar. Usted habla del año 2021, pero es que desde mucho antes nosotros ya advertimos de esta posibilidad. La reserva de inversiones de Canarias es la consecuencia de los beneficios de una empresa que antes tiene que ser creada, asumir riesgos, así como generar empleo y productividad. 

¿De qué tiempos estamos hablando?

Pasa un periodo medio de entre 10 y 15 años para poder producir una vivienda. Y luego, de sus beneficios, puede ocupar el 90% de ellos y no paga impuestos de sociedades, pero tiene que dedicarlo, por ejemplo, a actividades productivas como la emergencia habitacional. Por lo tanto, no nos parece una victoria, sino un logro que deberíamos repartir entre todos los que trabajamos duramente para que esto pudiera ser posible.

¿Por qué ha costado tanto sacarla adelante? ¿Se han encontrado con muchos problemas por el camino?

Lo que ocurre con toda claridad en este país es que hay una especie de animadversión hacia la empresa y a que las compañías obtengan beneficios. Existen unos prejuicios ideológicos que vinculan a las empresas con el hombre del saco y que además les molesta que las empresas ganen dinero. Cuando en realidad son las que hacen que todos aquellos que no tenemos el valor de ser empresarios podamos vivir y que podamos obtener servicios y prestaciones.

¿Usted cree?

Esto ya existía y se eliminó en un momento determinado aludiendo a la especulación y a los pelotazos. Una serie de prejuicios que ha provocado que estemos en un déficit de vivienda. De aquí a 10 años necesitaremos 150.000 y hay un déficit ahora mismo de unas 70.000. Hemos creado un problema que está vinculado a una manera de pensar y no al sentido común.

Cuando se habla de la crisis habitacional, los más críticos no solo señalan a las administraciones públicas, sino que también apuntan al sector privado. En muchas ocasiones lo acusan de especular con la vivienda. ¿Cree que una medida así podría ayudar a calmar las aguas y dar a la población o los partidos políticos más críticos otra perspectiva del tema?

Los responsables públicos no tienen que esperar a que la iniciativa privada demuestre cosas. Yo entiendo y presumo los conocimientos en ellos mismos porque si son capaces de presentarse a unas elecciones y tomar la responsabilidad de dirigir una comunidad autónoma, un ayuntamiento o un cabildo, es porque tienen la preparación suficiente para ello. Pero así y todo, la iniciativa privada ya lo ha demostrado con creces.

¿Con qué medidas?

Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda sacaron sendos concursos para construir unas 200 viviendas protegidas. ¿Sabe usted cuántas presentamos nosotros? 800. ¿Esto qué significa? Que el sector público sigue todavía siendo poco ambicioso en este terreno. La iniciativa privada está más que preparada y dispuesta.

¿Cómo valora el papel que ha jugado en todo este proceso Ejecutivo regional? ¿Ha conseguido atajar lo que usted denominó en febrero como el ‘pimpampum’ político que ha frenado el uso de la RIC para vivienda en los últimos años?

Hay que admitir que el Gobierno de Canarias ha adoptado muchísimas de las propuestas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa. No porque lo digamos nosotros, sino porque en términos de economía y los expertos de los que se han rodeado han ratificado que hay que tomar esas medidas para que la emergencia habitacional pueda solucionarse. Por tanto, el Gobierno está tomando las medidas adecuadas.

Han aprobado varios decretos en esa dirección.

El propio sistema hace que estos procesos estén muy ralentizados. Hay que resolverlo con la simplificación de procedimientos. Uno de los últimos decretos leyes establece un procedimiento para agilizar las licencias y esto es positivo. Pero también hay que pensar en toda la carga en contra que han recibido estas medidas. Volvemos otra vez a los prejuicios y yo entiendo que aquí lo que debe imperar es el sentido común.

¿Esas acusaciones que se hace contra el sector privado para llamarlos especuladores dificultan los trabajos de coordinación con las administraciones?

Lo que está claro es que se ralentizan las cosas y se obstaculizan el funcionamiento y los procedimientos. Por tanto, se llega más tarde a las soluciones. Los periodos de gobierno son de cuatro años. Si ya estamos ya en el año 2025 y se está en la línea de obtener instrumentos y herramientas para resolver el problema, pero resulta que vuelven a producirse las elecciones y pasan de nuevo seis meses hasta que nos pongamos otra vez en marcha, estamos perdiendo un tiempo precioso.

Ahora que el Congreso ha dado su bendición a la propuesta y el Gobierno de Canarias la ha hecho suya, quizás haya quien se pregunte aquello de: ¿y ahora qué? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos para ponerla en marcha una vez que se ha conseguido?

Aquí hay dos cuestiones. Primero, ya hemos hablado de todas las medidas que se han puesto en marcha y que todas tienen que formar parte de una sinergia. Ya la RIC es la última. Hemos hablado de los decretos leyes, del derecho de superficie, la productividad, el absentismo o la demanda de mano de obra. Ahora bien, el tema de la RIC no es un saco de monedas físicas, es un beneficio contable y en la mayoría de las ocasiones las empresas tienen que financiarse.

Entonces, ¿dónde hay que poner el foco?

Aquí hay un doble problema, la financiación al sector inmobiliario y a los adquirentes de vivienda por parte de las entidades financieras. La banca no está apostando por la vivienda protegida y mucho menos en alquiler. Quiere que las viviendas se vendan porque entienden que asumen unos riesgos en el ámbito del alquiler con buenos retornos. Por tanto aquí hay un problema de financiación y de presupuesto público.

Desde la patronal han anunciado que buscarán trabajadores extranjeros ante la falta de mano de obra local, pero desde los sindicatos denuncian que el problema es la falta de condiciones laborales óptimas. Por ejemplo, aseguran que el sueldo de 20.000 euros brutos al año no permite que un peón llegue a fin de mes. ¿Qué responde usted a esto?

Los sindicatos tienen que defender a los trabajadores. Además, estamos en una democracia, tienen que dar su opinión y yo la respeto. Pero yo les recuerdo que tenemos una fundación laboral de la construcción donde el 50% son sindicatos y el 50% es en la patronal, financiado exclusivamente por la patronal. Y que además posibilita la formación, la innovación, la investigación, los procesos de automatización del sector para evitar riesgos o esfuerzos.

¿En qué se traduce?

Que un peón ordinario, no especialista, gane a lo mejor 200 euros menos que un licenciado, no es la cuestión. El tema es que no llegan los salarios. Pero no solamente al que gana 20.000 euros, tampoco al que gana 23.000 ni al que gana 24.000. Los sueldos no les está llegando a la gente porque los alquileres están por las nubes, porque la comida es cara, porque los costes de producción son cada vez peores, porque Trump llega al gobierno y empieza a poner aranceles.

¿Cuál es la realidad dentro del sector?

Una cosa son los problemas que como ciudadanos todos tenemos y otra bien distinta es que eso sea culpa de los salarios del sector de la construcción. El salario del sector de la construcción medio son casi 24.000 euros y un titulado superior en oficinas y despachos cobra unos 4.000 euros más. ¿Significa esto que debemos subir más los salarios? Entonces aumentarán los costes de producción y nosotros no podremos hacer viviendas baratas. 

El 90% de las empresas del sector tienen menos de 10 trabajadores y algunas tendrían que cerrar. En cuanto al peón ordinario, tiene derecho a una formación dentro de los proyectos de la Fundación laboral y a una subida de categoría. Todos con nuestro esfuerzo seguro que podemos alcanzar cuotas mayores de salario y de calidad en el empleo.

Da la impresión de que el sector de la construcción ahora mismo se enfrenta a una especie de encrucijada. Por un lado tienen falta de trabajadores, pero luego se da la otra vertiente, la escasez de vivienda y el compromiso que ha adoptado el sector privado para construir más. Entiendo que combinar ambas situaciones es complejo. 

No solamente en la construcción de viviendas, sino también en las obras públicas, en la edificación y en la obra civil. En los dos aspectos. Ahora mismo tenemos un problema porque no podemos acudir a las licitaciones públicas al no tener personal y debemos restringir nuestras ofertas a la administración porque luego no podemos cumplir con las obras. Tenemos trabajos que están en marcha y estamos recibiendo sanciones porque no las terminamos a tiempo como consecuencia de que no tenemos personal suficiente.

¿Cómo lo están viviendo?

Aquí se da una paradoja. Hay 12.000 personas que están registradas en el desempleo en el sector de la construcción y, sin embargo, para poder obtener la posibilidad de formar a 90 personas, tuvimos que entrevistar a 3340, que se negaron a ser formadas en el sector de la construcción. ¿Habrá que pensar qué está ocurriendo, analizar y reflexionar sobre por qué esas personas no quieren acudir al sector de la construcción y, sin embargo, permanecen registradas en el sector como demandantes de empleo?