La falta de vivienda no es algo nuevo en Canarias, pero cada vez desestructura más la vida de muchísimas personas en las islas, sobre todo la de los niños y niñas que crecen en situación de vulnerabilidad, a pesar de que la persona responsable del hogar cuente con un trabajo.
“Hace años en Canarias era difícil ver a la infancia sin respuesta. En los casos de vivienda, ya nos hemos encontrado con menores en situación de gran vulnerabilidad”, explica a Atlántico Hoy, Alejandra Hernández, coordinadora del proyecto “Base 25”, de Cáritas Tenerife.
Vivienda insegura
El problema habitacional se expande en diferentes frentes que van desde la situación de las personas que viven en la de calle, pasando por las que mal viven en infraviviendas o asentamientos, las que están en situación de okupas (solo el 0,02% del total, según datos de Cáritas) y las que viven en las denominadas viviendas inseguras.
Miles de personas al año se enfrentan al problema de vivienda insegura, es decir, a una situación que gira en torno a un procedimiento de ejecución hipotecaria, un problema con el alquiler o una situación de precario que se produce cuando no hay un vínculo legal con la vivienda.
Casos
Entre los diferentes casos de afectados por por falta de vínculo legal con la propiedad se encuentran, por ejemplo, las madres que, tras una separación, han disfrutado de la vivienda junto a sus hijos menores, pero que, al cumplir estos la mayoría de edad, han perdido el derecho a ese techo. Otro caso es el que afecta a familiares cuidadores de una persona mayor que fallece, pero que no le ha dejado la vivienda en herencia y esta es reclamada por los legítimos herederos..
En el ámbito del alquiler, los problemas más frecuentes suelen estar relacionados con una solicitud para que abandonen el inmueble antes de que se cumpla el contrato o, sobre todo, las dificultades para hacer frente al pago del arrendamiento.
Un derecho
“Si no nos ponemos manos a la obra, políticos y gestión pública, en lo referente a vivienda social y protegida, difícilmente vamos a salir de esta encrucijada”, indica la coordinadora, subrayando que la vivienda es un derecho sustentador de otros derechos.
“Si se cae la vivienda se te rompe la vida porque se rompe la salud, la intimidad, el lugar donde desarrollamos la vida, el sostenimiento del empleo…”, argumenta Hernández, destacando lo indignante que resulta ver cómo se vincula siempre la vivienda a la inversión y no a los derechos humanos “que es lo que es”.
Empatía
El hecho de pensar que se pueda perder la seguridad de contar con un hogar, resulta tan angustioso para quienes lo sufren que lo menos que necesita es distancia y burocracia tardía, más bien todo lo contrario.
“Nosotros visitamos a las personas en sus hogares. Como Cáritas que somos deseamos poner ese plus de cercanía”, indica, comentando que las personas que atraviesan esta situación “están saturadas y sienten que se les va a romper todo”. “Normalmente enfrentan situaciones estresoras y altos picos de ansiedad”, apunta.
733 hogares
El proyecto denominado «Base 25» de Cáritas Diocesana de Tenerife pretende servir como vehículo para informar y asesorar a aquellas personas que están en riesgo de perder su vivienda de alquiler por diversas circunstancias o que pueden verse afectadas por una ejecución hipotecaria. “Que las personas sepan que tienen unos derechos y cuáles son”, apostilla.
El pasado 2024, el equipo de profesionales de Base 25 (formado por trabajadores sociales, asesores jurídicos e integradores sociales), atendió a 733 hogares, lo que se tradujo en 1848 personas.
Hechos
“Nosotros no buscamos viviendas. Informamos y asesoramos a las personas afectadas”, aclara, añadiendo que su equipo expone las diferentes posibilidades y actuaciones a seguir y ya las personas deciden qué hacer.
“El 40% de los casos que atendemos logran quedarse en la vivienda en la que residen. Otro 40% se asesora y no nos comunica qué deciden finalmente”. Expone que algunos deciden ir a vivir con personas de su entorno y otros van a vivir a un local o un garaje. Por otro lado, un 2% se va a recursos de acogida y un 1% se queda en una situación peor de lo que estaba.
Aunque el proyecto Base 25 se desarrolla en toda la isla de Tenerife y está bastante generalizada la problemática, “notificándose casos ya hasta en Vilaflor”, Arona y Granadilla junto a Santa Cruz y La Laguna son los municipios con más caso de vivienda insegura, seguidos de cerca por Puerto de la Cruz y Adeje.