Los sindicatos reclaman actualizar el plus de residencia de los empleados públicos de Canarias. EFE
Los sindicatos reclaman actualizar el plus de residencia de los empleados públicos de Canarias. EFE

Los sindicatos reclaman actualizar el plus de residencia de los empleados públicos de Canarias

Las organizaciones denuncian que la indemnización no se revisa desde 2007 y anuncian concentraciones cada quince días ante las sedes del Gobierno central

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Atlantico Hoy

Los sindicatos han reclamado al Gobierno central que actualice la indemnización por residencia que perciben los empleados públicos destinados en Canarias, una cantidad que, según han denunciado este miércoles, permanece sin revisar desde 2007.

Las organizaciones sindicales han anunciado además un calendario de concentraciones cada quince días para reclamar la apertura de las negociaciones y han cuestionado que la reciente mejora acordada para los empleados públicos de Baleares no se haya extendido también al Archipiélago.

Reclaman revisar las cantidades

Representantes de UGT, CCOO Canarias, CSIF en Canarias, Organización y Finanzas de la Unión Federal de Policía y la Unión Federal de Policía han defendido en una rueda de prensa que la condición de Canarias como región ultraperiférica y su carácter insular justifican una actualización específica de esta indemnización.

La secretaria de CCOO Canarias, Jennifer Ferrer, ha reclamado que la revisión alcance tanto al personal de la Administración General del Estado como al personal transferido, entre ellos sanitarios, docentes y trabajadores de Justicia, además de los empleados de la Comunidad Autónoma.

Ferrer también ha planteado que la indemnización no dependa de la categoría profesional, al considerar que el coste asociado a vivir en las islas afecta a los empleados públicos con independencia de su nivel salarial.

Plazas sin cubrir

Los sindicatos han relacionado la falta de actualización con las dificultades para cubrir determinadas plazas de empleo público, especialmente en las islas periféricas.

En este sentido, Ferrer ha advertido de que existen puestos sin cubrir y ha señalado que el coste de la vida dificulta que determinados destinos resulten atractivos para los empleados públicos.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, ha diferenciado entre la indemnización por residencia y el problema de la vivienda. A su juicio, el complemento debe compensar las condiciones derivadas de la lejanía y la insularidad, y no convertirse en una medida destinada a resolver el encarecimiento coyuntural de la vivienda.

Bautista ha reclamado una mejora de las cantidades para hacer más atractivos los destinos en Canarias y evitar que permanezcan plazas de empleo público sin cubrir.

Piden que se abra la negociación

El secretario regional de la Unión Federal de Policía en Canarias, José Delgado, ha reclamado que los sindicatos participen en la negociación de la actualización y ha pedido compromisos concretos tanto al Gobierno central como al Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el presidente autonómico del Sindicato Socialista de Canarias, César Martínez, ha señalado que el Gobierno central se comprometió a abordar a partir de octubre la actualización de las cantidades.

Según ha explicado, el acuerdo firmado en noviembre del año pasado contemplaba la creación de una comisión para revisar la indemnización por residencia y otros conceptos de la Administración General del Estado. La previsión era que en la segunda quincena de septiembre se fijaran las fechas de las mesas de negociación.

Los sindicatos sostienen que esas mesas todavía no han sido convocadas y reclaman que Canarias no quede relegada frente a Baleares.

Concentraciones cada quince días

Ante la falta de convocatoria, las organizaciones sindicales han anunciado concentraciones cada dos semanas ante la Delegación del Gobierno, las subdelegaciones y las direcciones insulares.

Las primeras movilizaciones están previstas para los días 9 y 23 de octubre y 6 y 20 de noviembre.

Los sindicatos calculan que la reivindicación afecta a más de 130.000 empleados públicos si se incluye al personal de la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado y los cuerpos de seguridad.

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