El Gobierno de España ha prometido estudiar una subida salarial para los funcionarios de todo el país. Lo ha hecho como reacción a varias movilizaciones impulsadas por los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en las que pedían al Estado una respuesta. La medida, que aún está sin concretar, podría beneficiar a unos 200.000 trabajadores públicos en Canarias.
Hasta la fecha, Función Pública ha ofrecido un acuerdo que incremente los sueldos de manera plurianual entre 2026 y 2028 —incluyendo también 2025—. Aunque todavía no se han conocido detalles porque las negociaciones acaban de comenzar, al parecer habrá una parte económica fija y otra variable. La próxima reunión tendrá lugar el martes 11 de noviembre.
35 horas semanales
El calendario que se ha marcado el Ejecutivo central con los actores sociales incluye dos bloques. El primero está centrado en pedir que se cumplan asignaturas todavía pendientes como la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial según su propio catálogo, la recuperación del empleo perdido e incluso el rejuvenecimiento de las plantillas.
Sin ir más lejos, en el Archipiélago la media de edad de los funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado (AGE) oscila entre los 50 y los 59 años. Solo un 10% está por debajo de los 40. “Hay gente que se jubila y no se repone todo”, afirma a este periódico Laura Rodríguez, coordinadora del sector de la AGE en Comisiones Obreras (CCOO) Canarias.
"Más carga laboral"
“Con la consecuencia”, apunta, “de que hay más carga de trabajo para el personal que se queda”. La representante sindical pone sobre la mesa que es clave renovar la plantilla para no perder empleo público. Además, defiende que la subida salarial debe estar por encima del IPC porque “el poder adquisitivo de los empleados públicos ha mermado muchísimo”.
Señala que el motivo principal es el encarecimiento del coste de la vida, desde los efectos de la inflación en la cesta de la compra hasta los alquileres cada vez más disparados. “No podemos tener unos servicios públicos precarios porque eso repercute directamente en todos los ciudadanos y ciudadanas de este país”, apostilla.
Otras comunidades
Rodríguez va más allá y sostiene que hay personas que aprueban las oposiciones en otras comunidades autónomas, consiguen plaza en las Islas y la rechazan porque no les llega el sueldo para vivir en el Archipiélago. La situación también se da en otras regiones del territorio nacional como Madrid o Cataluña.
Antonio Terrones, secretario del Sector de la Administración General del Estado en UGT Canarias, señala que son tantas las aristas que afectan a las Islas por el bajo poder adquisitivo “que da para ponerse a estudiar mucho rato”. Apunta que el problema no es solo la vivienda, sino también la dispersión del territorio marcada por la insularidad.
Incrementos retributivos
“Esa es una realidad que en Canarias perjudica nuestros ingresos”, dice. “Estos incrementos retributivos, por decirlo de alguna manera, aquí hacen más falta”, agrega. Por otro lado, indica que existe una indemnización por residencia que ronda los 100 euros, pero no cubre la problemática. “Ni aquí, ni en Ibiza, ni en ninguna parte”, sentencia.
Detalla que parte de la presión de los sindicatos hacia Función Pública está en mejorarlo y “contemplar las realidades del siglo XXI”. “Porque esa indemnización por residencia es algo que viene de cuando Franco”, añade. Además, explica que llevar a cabo una subida salarial heterogénea para que Canarias se beneficie más que otros lugares tiene un difícil encaje legal.
Revalorizar las retribuciones
Merece la pena resaltar que la posible subida salarial que se plantea beneficiará tanto a los funcionarios que trabajan para la Administración General del Estado directamente —de los que en Canarias hay alrededor de 6.000— como aquellos que tienen una plaza en ayuntamientos o cabildos, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Desde el sindicato CSIF consideran que el Gobierno de España puede aprobar “desde ya” un decreto con el objetivo de revalorizar las retribuciones —como ocurre, dicen, con las pensiones y el salario mínimo interprofesional— además de un porcentaje adicional que permita avanzar en el poder adquisitivo “perdido a lo largo de los últimos años”.
Pérdida de poder adquisitivo
Javier Cruz, presidente de la U.P. de CSIF en la provincia de Las Palmas, resalta que los funcionarios han perdido el 20% de su poder adquisitivo desde el año 2010 en adelante. "Las distintas subidas salariales que han tenido lugar durante todos estos años no han llegado a equilibrar la situación", lamenta.
"En comunidades autónomas como la canaria, donde tenemos una cesta de la compra bastante cara, cualquier mejora salarial va a suponer una mejora en la calidad de vida", prosigue.
Por último, pone sobre la mesa que el salario de los funcionarios puede variar mucho según la categoría a la que pertenezca: desde los 1.100 euros hasta los 2.000 euros.