El Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en las miserias de los derivados financieros del sector público estatal entre los años 2016 y 2023. En un exhaustivo informe de 240 páginas, el órgano fiscalizador analiza las permutas financieras de tipo de interés (swaps) suscritas por las grandes empresas y organismos del Estado, reservando un capítulo demoledor para la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
El informe establece una clasificación de los productos más enrevesados suscritos en España y los ordena de menor a mayor grado de complejidad. En esa lista de once productos altamente tóxicos para las arcas públicas, el swap de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que fue suscrito en la etapa de José Manuel Arnáiz y generó ríos de tinta, se sitúa en el puesto octavo, solo por detrás de entidades como la Autoridad Portuaria de Valencia, la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) y la Autoridad Portuaria de Castellón.
Valencia, en cabeza
La sociedad anónima Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) también engrosa la lista ingeniería financiera extrema, mientras que el órgano portuario valenciano se lleva la palma, con cinco contrataciones tóxicas frente a las dos de Acuaes, otras dos de Acuamed y los casos de Castellón y de Las Palmas.
La conclusión del Tribunal de Cuentas sobre este tipo de maniobras en el sector público es clara: ninguno de estos swaps complejos debería haberse contratado por entidades públicas, recoge el informe.
La trampa del contrato
El origen del problema se remonta a junio de 2004, cuando la APLP firmó con el Banco Santander una permuta financiera bonificada con venta de cap (techo por la subida del tipo de interés) y barrera de activación (knock-in) sobre una cifra constante de 23,42 millones de euros.
La operación arrancó en marzo de 2008 y ha mantenido su vigencia hasta marzo de 2025, con una intensa lucha en los tribunales para tratar de anular el producto financiero.
Y es que el mecanismo pactado contenía una profunda asimetría en contra del puerto: la APLP pagaba un tipo fijo del 4,79% y cobraba el euríbor a 12 meses, pero si el euríbor superaba el 5,50% (barrera activante) se desactivaba la protección y el puerto pasaba a pagar un tipo variable (euríbor menos 0,21%). Es decir, ante subidas fuertes de tipos, la entidad quedaba desprotegida.
Además, los intereses se calculaban siempre sobre el total de los 23,42 millones de euros, de forma fija, sin restar la amortización progresiva de la deuda.
Un producto especulativo
El verdadero fiasco económico se consumó el 23 de septiembre de 2010, cuando la APLP amortizó de golpe los dos préstamos vinculados a esta operación. Al quedarse sin crédito subyacente, el swap perdió todo sentido de cobertura y pasó a ser, a efectos prácticos y contables, un derivado puramente especulativo o de negociación. Dicho de forma más directa: el Puerto se quedó encadenado a pagar liquidaciones millonarias al banco por un préstamo que ya no existía.
El Tribunal reprocha a la APLP que no contratase a un experto independiente para verificar si el banco le aplicó comisiones ocultas o si el precio fijado de entrada estaba fuera del mercado.
A pesar del perjuicio para la entidad, el Tribunal de Cuentas tilda de acertada la decisión adoptada en 2015 de no cancelar el contrato de forma anticipada. Romperlo entonces hubiera supuesto pagar de golpe una penalización al banco de entre 9,5 y 10,1 millones de euros. En cambio, pagar las cuotas año a año hasta 2025 ha resultado menos perjudicial para la tesorería.
Al Supremo y factura de 15 millones
Tras sobreseerse las actuaciones penales en 2016, la Autoridad Portuaria acudió a la vía civil en 2018 para solicitar la nulidad del contrato. Sin embargo, sufrió sendos varapalos judiciales: el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda en 2019 y la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó el fallo en junio de 2022. En septiembre de 2022, la APLP elevó el caso al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, pendiente de resolución.
La factura final ha sido sangrienta: entre marzo de 2008 y su vencimiento en marzo de 2025, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha abonado al banco un total neto de 14.970.673 euros en concepto de liquidaciones de intereses de este único producto. De esa cifra, 10,39 millones correspondieron exclusivamente al periodo analizado en la fiscalización (2016-2023).
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