La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de uno de los investigados por la actividad mercantil que la empresa Damco Trading Services SA desarrolló, durante la pandemia provocada por el COVID19, con el Gobierno de Canarias, y ha avalado que la Fiscalía Europea continúe con la investigación sobre los contratos públicos adjudicados en ese periodo, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER.
El tribunal considera que no es necesario que se haya producido un desembolso efectivo de fondos europeos para que exista un posible perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea, abriendo así la vía para seguir indagando en una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de material sanitario.
19 millones
Damco, vinculada a Miguel Ángel Ramírez —presidente de la UD Las Palmas— según una denuncia redactada por Evangelina Ríos —fiscal delegada de Delitos Económicos—, habría recibido alrededor de 19 millones de euros por la venta de material sanitario al Servicio Canario de la Salud (SCS).
En el centro de la investigación se encuentra, en concreto, un lote que Damco vendió al SCS por un importe de 4.981.610 euros, en el marco de los contratos de emergencia por la crisis de la COVID19. La Fiscalía Europea investiga si Damco infló los precios y pagó comisiones ilegales para obtener adjudicaciones públicas.
¿El triple de su precio?
La investigación se puso en marcha tras una denuncia presentada por el empresario Alexis Gómez, administrador de 7 Academy SL, quien advirtió que su empresa entregó mascarillas al SCS que nunca fueron pagadas, mientras que el Gobierno canario —bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres— supuestamente abonó el triple por ese mismo material a Damco y a Tanoja Services SL.
La Audiencia Nacional, en su auto, recuerda que la Directiva (UE) 2017/1371 permite a la Fiscalía Europea investigar delitos que afecten los intereses financieros de la UE, incluso si no ha habido certificación o reembolso efectivo por parte de la Comisión Europea. Basta, según el tribunal, con que haya una conducta dirigida a malversar fondos públicos, especialmente si estos provienen de programas cofinanciados como el FEDER.
Sin gasto final
El auto señala que la afectación a los fondos europeos queda clara cuando se utiliza un contrato público con fines distintos a los previstos, y que el daño puede materializarse por el simple hecho de haber planificado o intentado el desvío, sin necesidad de que se haya producido el gasto final o su validación por Bruselas.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional respalda plenamente el papel de la Fiscalía Europea en este tipo de causas, refuerza el marco legal europeo de protección de los fondos comunitarios y mantiene abierta la puerta a una posible acusación penal por unos hechos que, según las investigaciones, trascienden la gestión administrativa para adentrarse en un posible entramado corrupto con conexiones políticas.
¿Fraude fiscal?
Damco y Tanoja, además, también están bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras la denuncia de Evangelina Ríos, que ha interpuesto una querella por presunto fraude fiscal contra ambas compañías. Según la investigación, formaban parte de un entramado empresarial que desvió los fondos a terceros.
El Ministerio Público sostiene que Damco y Tanoja transfirieron cerca de seis millones de euros a Tabaiba Capital, una sociedad bajo control de Miguel Ángel Ramírez, quien aparece como una de las piezas clave del caso junto a Lucas Bravo de Laguna y Christian Cerpa, ambos vinculados políticamente al partido Unidos por Gran Canaria en el momento de los hechos. El administrador de Damco, Noel Jammal Fernández, también está investigado.
Las diligencias preliminares indican que este grupo habría articulado un entramado societario con el objetivo de no tributar lo debido con las ganacias obtenidas en Damco y Tanoja por la venta del material sanitario y canalizar el dinero hacia empresas vinculadas a Ramírez y Bravo de Laguna. La fiscal Evangelina Ríos sostiene que las ganancias bajo sospecha ascienden a 9,4 millones de euros, y que la conducta podría ser constitutiva de delitos de malversación, fraude fiscal y corrupción en los negocios.