La empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), creada en 1996 por el ayuntamiento majorero con el propósito de fomentar la vivienda pública, se encuentra al borde de la disolución tras acumular deudas multimillonarias.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas ha aceptado la solicitud de concurso de acreedores, designando a Eugenio Vidal como administrador concursal y tomando control sobre el patrimonio de la entidad, según adelantó Diario de Fuerteventura.
Edificio Centenario
Gesturpa se convirtió en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Pájara en los últimos años, con un balance negativo de casi dos millones de euros en el último ejercicio.
Su declive está ligado a un acuerdo firmado en 2008 con el grupo Lopesan, propietario del complejo Edificio Centenario de Morro Jable. Este convenio estipulaba que Gesturpa gestionaría los arrendamientos de las 67 viviendas destinadas a personas con dificultades económicas, a cambio de un canon anual.
Aunque inicialmente el contrato expiraba en 2013, los tribunales determinaron que Gesturpa siguió beneficiándose de las rentas de los arrendatarios sin cumplir con el pago del canon ni con el mantenimiento de las viviendas. Una sentencia condenó a la empresa pública a abonar más de 3,3 millones de euros, con intereses, al grupo Lopesan, acelerando su insolvencia.
A esto se suma una deuda de 702.000 euros con Caixabank, relacionada con hipotecas de propiedades en el municipio. El auditor de Gesturpa señaló discrepancias en los registros contables, lo que ha dificultado esclarecer las condiciones de esta deuda.
Intentos fallidos de salvación
Gesturpa intentó sin éxito alcanzar acuerdos con Lopesan y Caixabank para evitar la liquidación. En 2021, el administrador concursal propuso una dación en pago de inmuebles para saldar la deuda hipotecaria, pero la falta de avances dejó la situación en un "punto muerto".
Por otro lado, las negociaciones con Lopesan fracasaron debido a la insistencia del grupo turístico en incluir al Ayuntamiento en cualquier resolución.
Actualmente, los activos de Gesturpa suman un valor aproximado de 1,3 millones de euros, muy por debajo de sus pasivos. Entre estos bienes se incluyen 98 plazas de garaje, varios locales comerciales y una vivienda en Morro Jable. Sin embargo, la experiencia previa muestra que el valor teórico de las propiedades suele ser superior al precio real de venta, como ocurrió con un almacén en La Lajita vendido por 37.100 euros, casi la mitad de su tasación oficial.
La liquidación de la empresa parece inevitable. Aunque Gesturpa no se encontraba técnicamente en insolvencia hasta 2022, los continuos retrasos en acuerdos con sus principales acreedores y los cambios en la legislación concursal han llevado al actual desenlace. Ahora será el juzgado quien decida el futuro de una entidad que, aunque nació con un propósito social, no pudo escapar de un laberinto de deudas y litigios.