La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la repetición del juicio en el que fue absuelto Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y exadministrador de Seguridad Integral Canaria (SIC), por presuntos delitos de fraude a Hacienda y contra la Seguridad Social.
En un escrito firmado por el fiscal Felipe Briones, al que tuvo acceso El Español, el Ministerio Público sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 2024, que absolvió al empresario, es "ilógica" y "contraria a derecho". Tanto la Fiscalía como el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) acusaban a Ramírez de defraudar más de 36 millones de euros, motivo por el cual solicitaban 21 años de prisión y una multa de 105 millones.
Salvador Alba
El caso quedó marcado por la anulación de la instrucción llevada a cabo por el juez Salvador Alba, expulsado de la carrera judicial y condenado a seis años de cárcel por prevaricación y conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, que fue quien abrió la causa en 2013 antes de incorporarse a la política con Podemos.
Pese a esa nulidad, el fiscal Briones defiende que las diligencias practicadas no fueron ilegítimas y que no puede sostenerse una absolución automática por la actuación de un magistrado posteriormente condenado. En su opinión, "supone un absurdo considerar que la actuación ilícita de Alba debe conducir irremediablemente a la exoneración de Ramírez". Por ello, invoca el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite revisar sentencias si se ha vulnerado un derecho fundamental, y reclama que el nuevo juicio se celebre con un tribunal distinto "por elemental garantía de imparcialidad".
El Ministerio Público también rechaza la interpretación de la defensa de Ramírez, avalada en su día por la Audiencia, de que los delitos fiscales de 2010 a 2013 y los delitos contra la Seguridad Social de 2009 a 2012 fueron añadidos posteriormente. Briones recuerda que dichos ilícitos "formaban parte del procedimiento desde la admisión a trámite de la querella" interpuesta en 2013 por USO, que denunció que SIC camuflaba horas extra como dietas para eludir cotizaciones y retenciones de IRPF.
Voto particular
La Fiscalía se apoya además en el voto particular de la magistrada Mónica Herreras, discrepante con la absolución —dictamen por el que se inclinaron Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera—. En él se defendía que Ramírez seguía ejerciendo control de facto sobre Seguridad Integral Canaria incluso tras cesar como administrador en 2011, apareciendo sus iniciales en documentación interna hasta 2013. También se citaban testimonios y prácticas de la empresa como las bajas ficticias en la Seguridad Social durante los periodos de vacaciones para evitar cotizar.
Desde el sindicato USO, su responsable en el área de seguridad, Basilio Alberto Febles, considera que "la repetición del juicio es necesaria porque el anterior no fue imparcial" y defiende que la empresa de Ramírez "no respetó los derechos de los trabajadores".
Ahora será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que decida si se repite el proceso contra el presidente de la UD Las Palmas, que podría enfrentarse de nuevo a las graves acusaciones que pesaron sobre él y su antigua compañía de seguridad.